Félix Loarca Guzmán
Como ya es del dominio público, el poder económico que aglutina a las cámaras patronales de Guatemala, puso en marcha una agresiva campaña mediática orientada a estigmatizar la iniciativa que busca incorporar en las reformas constitucionales, el reconocimiento a la jurisdicción indígena para la impartición de justicia.
Por estar revestida de un carácter venenoso, racista y de condena social, algunos guatemaltecos bautizaron esta campaña como “la campaña del miedo”. Aunque el argumento central se dirige en contra de la inclusión del derecho indígena en la Carta Magna, en el fondo pareciera que la misma esconde otros intereses, como podría ser propiciar el desencanto por desgaste de las reformas al sector justicia, pretendiendo que las cosas sigan como hasta ahora, a efecto de mantener inalterable el orden establecido.
Para ninguno es un secreto, que detrás de los diferentes escándalos de corrupción descubiertos el año pasado y en lo que va de este nuevo año, no hay solo un lado de la moneda. En la práctica, para este tipo de actos ilícitos, siempre funcionan por lo menos dos protagonistas, el corruptor y el corrompido.
Sin embargo, de manera sospechosa hasta ahora todas las baterías mediáticas se han concentrado en desprestigiar la función pública, minimizando la participación de personas muy poderosas del sector privado.
En el Caso La Línea, por ejemplo, es fácil deducir que los funcionarios o empleados públicos no actuaban en forma aislada, sino bajo el estímulo de las coimas provenientes de personajes pertenecientes a los grupos empresariales, quienes al final eran los beneficiados con la “rebaja” de impuestos aduanales.
Históricamente, sabemos que la justicia en Guatemala ha sido lenta y poco eficaz, rodeada de un mundo grotesco de corrupción. Las reformas constitucionales que actualmente se discuten en el Congreso de la República tienen el objetivo no solo de garantizar la mayor eficiencia de la función jurisdiccional, sino que la misma se lleve a cabo dentro de un marco de confianza y transparencia.
Quizá somos mal pensados, pero podría ser que el rechazo a la propuesta de la jurisdicción indígena es solo un pretexto para hacer fracasar el proyecto de las reformas al sector justicia, en tal forma de garantizar la impunidad de gente muy poderosa.
