Jorge Mario Andrino Grotewold
* @jmag2010
En el año 2007, la Asamblea General de Naciones Unidas declaró el 20 de febrero como el “Día Mundial de la Justicia Social” para establecer los postulados de lucha contra la pobreza, la promoción del empleo digno y decente, la equidad de género, así como el acceso a la seguridad social y la justicia. Al tratarse de una declaración mediante los representantes de todos los países, no requiere ratificación y tampoco es vinculante para los Estados. Representa un símbolo de reconocimiento de lo que sucede alrededor del mundo, y la necesidad de definir una estrategia para el cambio.
En el 2017, luego de 10 años la ONU ha alineado múltiples esfuerzos como el de esta celebración, en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que persiguen en distintos ámbitos, promover el principio de solidaridad internacional para alcanzar a incidir en los países más pobres y las poblaciones más necesitadas, pero no mediante caridad o donaciones, sino estimulando economías y promoviendo la medición de indicadores que permita a los órganos políticos internos de los Estados, tomar las mejores decisiones de política pública tendientes al desarrollo.
La página web de las Naciones Unidas establece literalmente: “Vamos a necesitar una economía que respete los límites del planeta, que reanude la dependencia del bienestar humano con las relaciones sociales y la justicia, y que reconozca que el objetivo final es el bienestar humano real y sostenible, no solo el crecimiento del consumo material. La nueva visión reconoce que la economía está integrada en una sociedad y cultura que a su vez están integradas en un sistema ecológico vital…”. Esta nueva visión permite la integración de culturas, ideologías y fundamentos que no sean radicales, para conjugar objetivos comunes que permitan a las poblaciones y los países, mejorar sus condiciones de vida digna.
La justicia social y celebrar alrededor del mundo este principio es un sinónimo de la disposición de los seres humanos de convivencia pacífica y lo que se traduce en el pleno respeto de los derechos humanos, la lucha frontal contra la corrupción y un mecanismo equitativo para otros principios como el de la Justicia, tan necesaria en latitudes como la guatemalteca.
Para Guatemala, el concepto Justicia Social puede sonar confuso para algunos, pero debe entenderse que no se trata de una reivindicación o de plasmar una ideología en particular; sino de conocer la realidad en la que viven las poblaciones urbanas o rurales, que no encuentran una salida para mejorar condiciones de vida como agua potable, saneamiento ambiental, salud, educación, oportunidades de empleo decente y cuántos derechos más.
La justicia social es un principio vinculado al cambio social que beneficia a cada ser humano, acercando distancias en cuanto a distribución de riqueza, pero promoviendo el cumplimiento de la ley, en un estado de derecho que respete el orden y los postulados culturales que identifican a una nación.
