Alfonso Mata
Somos la nación más rica de la región en desnutridos, infectados, enfermos y violentos, y donde en mayor o menor grado, tenemos problema en atender nuestra salud. Esta no es una crisis temporal, es el resultado de fuerzas institucionales y sociales, que han actuado a lo largo del tiempo, impidiendo un buen trabajo a favor de la salud.
Razonemos el esfuerzo actual del despacho ministerial “posicionar el derecho a la salud, bajo una política de Estado y la ley, con visión de país y ajeno a quién sea el gobierno de turno”, cosa difícil pero necesaria de lograr la cual con mucho conocimiento, tenacidad y valor, la Ministra de Salud y su equipo han iniciado.
El despacho en estos momentos, bajo el marco legal existente, está embarcado en un proceso de planificación y reorganización del recurso humano (RR. HH.), lo que le ha obligado a desentrañar el problema y a destapar toda una serie de anomalías laborales y contractuales, que no solo riñen con las políticas institucionales sino con las leyes vigentes. Irregularidades contractuales, salarios y ocupación de puestos indebidos, son algunos hallazgos encontrados y que han sido documentados y presentados a las autoridades competentes y los cuales está tratando de corregir el despacho.
La otra gran barrera a la que hace frente el despacho y que impide el buen funcionamiento de la institución, es la forma de organización y funcionamiento sindical que también ha sido motivo de investigación y documentación y, como resultado de ello, se han identificado anomalías que violan desde lo legal hasta lo irracional; anomalías que atentan no solo contra las finanzas de la institución, sino contra la organización, funcionamiento y transparencia de la gobernanza de la misma y que salpica a todo el Estado. De esa cuenta, la Ministra ha señalado que no está contra el sindicalismo, pero que este se debe mover dentro de un marco legal existente. Tampoco está contra los Pactos Colectivos, sino contra aquellas disposiciones en el mismo, que riñen con lo establecido por la ley y las políticas públicas y que significa un uso indebido de recursos, personas y privilegios no legales, que inciden en el resultado de los servicios y que en poco mejoran la situación laboral del RR. HH. existente.
De igual manera, el Programa Nacional de Salud exige que su nivel de toma de decisiones, dirección y conducción se ordene, y eso significa, que su estructura jerárquica de mando, tal y como lo establece la ley, funcione en un régimen de legalidad y responsabilidad y bajo el marco señalado por la política de descentralización y desconcentración; estrategia que se ha implementado mal dentro de la institución y a la que el despacho ministerial le está prestando toda la atención y seguimiento posible. Los hechos y situaciones de incumplimientos encontrados han proporcionado razones suficientes a la Ministra, para decidir y exigir responsabilidad a sus directores.
A la par de lo anterior, el despacho ha comprendido que la respuesta adecuada a las necesidades del ministerio y de la población (ambas en crisis) no es solo cuestión de conocimiento, técnica y finanzas, sino de un reconocimiento, convencimiento a nivel nacional, de que el problema de salud tanto del ministerio como de la población, es un problema de Estado, que para funcionar adecuadamente no solo necesita de la reorganización del ministerio sino de la intervención y coordinación con otras instituciones públicas y privadas: Educación, Agricultura, Contraloría General de la Nación. El mejoramiento a fondo de servicios y programas, depende de la implementación de leyes y políticas que ya establecen esa cooperación estado-sociedad. Solo una adecuada cooperación interinstitucional y social, puede eliminar las barreras socioeconómicas y organizativas que se oponen a la aplicación de la estrategia del sector público, a favor de la salud.
Creo que después de años, finalmente un grupo de funcionarios, ha comprendido que no podemos seguir haciendo salud pública con atraco del bolsillo de pacientes y personas. Debemos pasar de un sistema enfermo que atiende aquejados, a un sistema sano que atiende salud. El despacho de salud solo puede lograr cambios sustantivos y objetivos, si se le apoya política y financieramente por el Estado y si la población se organiza alrededor de un programa de salud integral del cual esté enteramente empoderada.
