Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Desde que se anunció el esfuerzo para promover reformas al sector justicia sostuve que por profunda que fuera la discusión y buenas que resultaran las ideas, al final todo iba a depender de lo que quisieran los diputados porque son ellos los que tienen la sartén por el mango. No se si la expectativa era que se produjera una sólida presión popular para evitar el manoseo de la propuesta o si, cándidamente, se pensó que por arte de magia nuestro Congreso dejaría de ser lo que es, para empezar a actuar de acuerdo a los intereses del país y de sus habitantes.
El caso es que a pesar de la fuerte participación sectorial en las mesas de trabajo que fueron conociendo los distintos tópicos de la reforma, a la hora de rajar ocote no se manifestó ningún tipo de interés público por ejercer presión y los diputados se sintieron a sus anchas, tanto como para mandar por un tubo la reforma en el tema del antejuicio que se ha convertido en Guatemala en parapeto de impunidad en vez de inmunidad. Los distintos sectores sociales fueron encontrando temas puntuales que les sirvieron para zafar bulto de la reforma y empezando por el pluralismo jurídico, que se refiere específicamente al derecho indígena, hasta llegar al papel de las universidades en la selección de magistrados, todo fue derivando en una oposición tras otra hasta forzar al Procurador de los Derechos Humanos, la Fiscal General y el Comisionado de la CICIG, a aceptar modificaciones que, como dije en anterior columna, ya habían dejado sholca la propuesta.
El último acuerdo suscrito con los diputados ya era para considerar acabado el esfuerzo, pero el gesto de debilidad, tal y como comenté ya, fue como un reguero de sangre en medio de una manada de tiburones y ahora no tienen límite en cuanto a meterle mano al proyecto original. Lo peor es que habrá un retroceso tremendo en el tema del derecho indígena porque la forma en que ahora lo quieren regular le restará la autoridad que ya tenían y de esa cuenta, como casi siempre pasa con las leyes en Guatemala, el remedio será peor que la enfermedad.
Debo decir que no me sorprende a dónde hemos llegado con esta reforma porque precisamente lo mismo pasó con la llamada reforma que pretendió modificar la Ley Electoral y de Partidos Políticos, caso en el que se dejó sin abordar con seriedad el tema del financiamiento de los partidos ni la forma en que los dirigentes manipulan a las bases que son únicamente un requisito válido para el trámite de inscripción, pero que nunca pesan a la hora de postular candidatos o definir la línea partidaria.
Era mucho lo que estaba en juego y los defensores del sistema saben cómo operar. No quieren perder el mayor poder que tienen que es el de controlar el sistema de justicia para mantener la impunidad que es la madre de todos los vicios existentes y por existir. Supieron qué teclas tocar en cada gremio para atraerlos a su campo y generaron un rechazo facilitado por la inclusión del derecho indígena que lastima en un medio donde queda mucho racismo.
