Estuardo Gamalero
«La mayor amenaza para nuestra Constitución, es la propia ignorancia que tenemos de ella»
Jacob F. Roecker
El Congreso de la República es uno de los tres Poderes del Estado. Su función primordial es legislar (hacer leyes) y actuar como fiel garante del balance de poderes. Si bien el Presidente de la República representa la unidad nacional, son los diputados quienes ejercen la representatividad directa de la población.
Es un delito atentar en contra de la independencia de alguno de los poderes del Estado, así como, alterar o menoscabar los principios republicanos consagrados en nuestra Constitución Política. Esto no es invento mío, lo consagra la Carta Magna y también el código penal.
Históricamente fue el parlamento (Organismo Legislativo) el que se enfrentó a los abusos de aquel que pretendía ejercer un poder absoluto. En la actualidad, la ambición por controlar el poder no es exclusivo de una persona o de un solo sector. Frecuentemente vemos cómo diversos actores pretenden cooptar y manipular la institucionalidad del Estado y someter a la población a través de leyes y peor aún del miedo y la conflictividad social.
No obstante, y siendo objetivos, también debemos reconocer que hemos tenido avances importantes en la lucha en contra de la corrupción, lo cual presenta la oportunidad de hacer cambios adecuados y en la dirección correcta.
Los guatemaltecos muchas veces somos noveleros, superficiales, chirmoleros y repetimos tanto las ideas que no entendemos, como las falsas noticias que ni siquiera confirmamos. Lamentablemente, lo anterior solo sirve para generar morbo en «los chats» y pláticas entre amigos, pero destruyen la oportunidad de realmente sacar adelante a nuestro país, pues algún oportunista logra inculcar la idea de «molinos de viento», tal cuales enemigos reales.
Traigo a colación lo anterior, pues el Congreso de la República, en el último año y medio se ha convertido en una especie de «parrilla política» resolviendo o atendiendo presiones e «instrucciones» que más bien se asemejan a brasas al rojo vivo. Pero en realidad lo malo no radica en atender presiones e intentar resolverlas. El pecado político es actuar con ignorancia, por conveniencia, violando principios fundamentales sin el carácter y liderazgo necesarios para poner las cosas en orden y corregir tanto la forma como el fondo de las cuestiones y presiones que se conocen, resuelven y aprueban.
La Constitución establece que los diputados son dignatarios de la Nación y además tienen libertad para tratar los asuntos públicos y las leyes que aprueben. Lo que como ciudadanos debemos exigir a todos los diputados es que siempre analicen objetivamente aquellas iniciativas que conozcan; que actúen por convicción y siempre apegados a principios y valores, no digamos al juramento de defensa de la Constitución que hicieron.
En alusión a las brasas que caen en el Congreso, estamos en cuenta regresiva para la discusión de una Reforma Constitucional de magnitudes enormes y temas diversos e independientes entre sí: a) jurisdicción especial para pueblos y autoridades indígenas; b) reconfiguración del Poder Judicial, creación de un órgano administrativo-judicial, modificaciones a la carrera judicial; c) reconfiguración de la Corte de Constitucionalidad; d) reconfiguración del Ministerio Público y el Fiscal General.
¿Conoce usted y ya leyó esas reformas a la Constitución? Si no lo ha hecho, hágalo y después opine libre de chismes o percepciones.
La paternidad de esa reforma se asemeja a la paternidad sobre un hijo: no se trata de concebirla a cualquier costa y verla nacer, sino de verla crecer y que sus frutos sean buenos. Tal vez sea oportuno ver hacia atrás para darnos cuenta de cuántas leyes malas, ambiguas, inaplicables e inoperantes destruyen el trabajo, inversiones detienen el desarrollo de los guatemaltecos y no han logrado los dizque resultados esperados.
Si esta reforma a la Constitución culmina en una consulta popular, la misma deberá tener tantas preguntas como temas independientes contenga. No hacerlo así constituye una violación al derecho de los ciudadanos, de poder discernir libremente sobre cada cuestión. Así lo ha reconocido anteriormente la Corte de Constitucionalidad (Consulta popular 1999).
Las presiones son normales y en la justa medida también positivas, pues fuerzan cambios o ajustes que la sociedad y los eventos del mundo demandan. Sin embargo, lo que constituye una aberración, es que las intenciones políticas se sobrepongan a los principios jurídicos universales y en algunos casos, también violen pactos y convenciones internacionales.
Para la población en general, es de vital importancia que los diputados actúen responsablemente y en la convicción del título que les confiere la Constitución Política, como: «Dignatarios de la Nación».
Todos debemos tener presente que la justicia no es cuestión de apreciación sino de valoración. El objetivo de la anterior, no es agradar o molestar: es provocar orden y armonía social. Los encargados del poder y el «orden» público no deben generar «en nombre de la justicia» una desestabilización nacional que repercuta en el debilitamiento de las instituciones de la República y la polarización social.
