Oscar Clemente Marroquín
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Si de algo no cabe la menor duda es del origen espurio del contrato entre Puerto Quetzal y Terminal de Contenedores Quetzal porque surgió como resultado de una mordida o soborno que se pactó con el mismo presidente de la República, Otto Pérez Molina, en un caso que se encuentra ya sometido a los tribunales de justicia. Como consecuencia de ese origen ilícito, la Procuraduría General de la Nación inició las diligencias para reclamar la nulidad del contrato y fue por ello que la actual titular de la PGN planteó, como “buen arreglo”, la entrega de una concesión a dedo que, según la propuesta, tenía que ser aprobada por el Congreso, sin tomar en cuenta que eso debilita la lucha contra la corrupción.
Pese a que el oficialismo armó una aplanadora que tenía el encargo de cimentar el régimen e impunidad en el país y, entre otras cosas, aprobar la concesión, los diputados entendieron que los iban a meter en un berenjenal y por ello prefirieron no votar a favor. Ante esa situación, y forzados por los compromisos que ya hicieron con APM Terminals, ahora siguen una nueva hoja de ruta diseñada por el interventor para darle validez al contrato viciado y de esa manera lograr que la terminal de contenedores pueda empezar operaciones que es el compromiso que habían adquirido desde antes de que se dictara la intervención.
Sé que es inútil plantear argumentos en este caso porque el nivel de empecinamiento no hace sino sospechar el mar de fondo que hay alrededor de este negocio. Pero debo recordar que cuando APM Terminals hizo su aparición en el escenario después de haber comprado la sucia operación, se planteó específicamente que para mostrar su buena fe debía empezar por allanarse en el caso de la nulidad del contrato porque ellos saben, perfectamente, que el mismo fue consecuencia de los manejos turbios entre el español Pérez Maura y el gobierno de Pérez Molina. Tienen en su poder documentación que comprueba el hecho ilícito y por lo tanto, si de verdad hubieran sido un tercero de buena fe, debieron aceptar ante los tribunales la nulidad del contrato que surgió a la vida jurídica como resultado de un burdo trinquete que fraguaron Pérez Molina, Baldetti y Allan Marroquín, entonces interventor de la portuaria y ahora prófugo de la justicia.
Cuando el comisionado Iván Velásquez me platicó del tema yo sostuve que era indispensable que APM Terminals diera muestras fehacientes y categóricas de su buena fe y que el paso indispensable era aceptar la nulidad del contrato. Evidentemente no les convenía porque lo que menos les interesa es el tema de la transparencia y están dispuestos a operar contra viento y marea a sabiendas del crimen cometido para lograr ese contrato que ahora presentan como algo bueno y conveniente para el país. Si es así, a Pérez Molina debieran condecorarlo en vez de procesarlo, puesto que hizo una maravilla para Guatemala y además tuvo la astucia de sacarles pisto a los inversionistas.
La mordida que dieron no fue por gusto. Fue para sacar un provecho que sin este soborno no hubieran conseguido y por ello, validar ese contrato es un crimen tan grave como el que le precedió.
