Factor Méndez Doninelli
En este país, la niñez y adolescencia se desenvuelven entre la violencia, la pobreza, las enfermedades, los embarazos forzosos de niñas y adolescentes, violencia sexual y una creciente desnutrición crónica infantil, que entre otros fenómenos y condiciones adversas, configuran la dramática situación de vulnerabilidad que rodea a niñas, niños y adolescentes.
En términos de embarazos infantiles, datos revelados por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia Unicef, indican que en promedio diario se registran 170 embarazos de niñas y adolescentes, explicando que esta situación es derivada de la insuficiente educación sexual y de violaciones sexuales. En esta misma percepción, coincide el Observatorio de Salud Reproductiva OSAR, que cita como causas de dichos embarazos, las prácticas culturales, la falta de educación sexual y las violaciones sexuales, relacionadas con el carácter patriarcal y machista de la sociedad. Según el OSAR, los departamentos guatemaltecos con mayor incidencia de embarazos y violaciones sexuales son: Guatemala, Huehuetenango, Alta Verapaz, Quiché, San Marcos y Quetzaltenango.
Es preciso extender a todos los niveles educativos la educación sexual. Abandonar los absurdos conservadurismos, estereotipos, estigmas y prejuicios de cualquier tipo. Hablar claro sobre la sexualidad y el sexo, impulsar campañas masivas y sostenidas contra el machismo y el patriarcado, todo acompañado de políticas públicas, institucionalidad y ampliación de leyes que prevengan, persigan, juzguen y castiguen el delito de violación de menores de edad.
Es fácil entender que el embarazo en niñas y adolescentes pone en riesgo su salud y la del procreado, que vulnera su seguridad e integridad personal pues en muchos casos, están expuestas a la continuidad de los abusos sexuales, a enfermedades de transmisión sexual ETS, a redes de trata de personas, de explotación sexual o laboral.
Exclusión y marginalidad. En América Latina, Guatemala ocupa el último lugar en combate a la pobreza, es el único país donde la pobreza aumentó, el resto de países logró reducirla, era un compromiso internacional con los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS, que debía cumplirse en 2015, el país incumplió. En tal condición, el elevado número de gente pobre, excluida y marginada que sigue creciendo, incide en el bajo nivel de desarrollo y en un crecimiento sano y feliz de la niñez y adolescencia.
Hasta ahora, el Estado sigue mostrando desinterés por combatir con seriedad la pobreza, por mejorar las precarias condiciones de los sistemas de salud y educación, no garantiza acceso a servicios de salud, medicamentos y tampoco educación de calidad. ¿Cómo no indignarse por las muertes de menores de 5 años por desnutrición crónica que siguen aumentando?
En parte, la corruptela en el sector público, el saqueo del Estado, los negocios ilícitos de todo tipo accionados por operadores políticos, la clase política desprestigiada, los narcodiputados, los militares violadores de derechos humanos y en general, toda la caterva de lacayunos al servicio de las élites y el proyecto neoliberal, comparten responsabilidad respecto a la condición calamitosa que aflige a millones de habitantes, con mayor incidencia en áreas rurales y con sectores sociales más vulnerables.
Al Estado le corresponde garantizar a sus habitantes el bien común, que incluye salud, educación de calidad y condiciones de vida digna. Pero, como persisten altos niveles de impunidad, el Estado omite sus deberes sociales y cobija a los lacayunos.
