Claudia Escobar. PhD.
claudiaescobarm@alumni.harvard.edu
Los cuestionamientos que pesan sobre la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las Salas de Apelaciones no son nuevos. Desde que se inició el proceso de elección de magistrados en el 2014 a través de las Comisiones de Postulación, varias organizaciones, ciudadanos y jueces advertimos los vicios del mismo. La manera precipitada en que el Congreso de la República realizó la elección a finales de septiembre de ese mismo año, puso en evidencia que dicha elección obedecía a intereses mezquinos entre los dos partidos más influyentes del momento. En la conversación que sostuve con el exdiputado Godofredo Rivera, la que ofrecí como prueba en un proceso penal, quedó plasmado que en la elección de magistrados pesaba más quién era el padrino en el Congreso que la experiencia y capacidad del candidato. Desgraciadamente, en su oportunidad la propia Corte de Constitucionalidad avaló dicho entuerto. Hoy sufrimos las consecuencias de esa decisión que pesará en la conciencia de los magistrados de ese órgano judicial.
Poco a poco la CICIG y el Ministerio Público han hecho públicas varias investigaciones relacionadas con temas de corrupción, en que se han visto involucrados los magistrados electos en ese proceso perverso. Vladimir Aguilar y Douglas Charchal enfrentan proceso penal. El primero tuvo el tino de renunciar y el segundo está en prisión preventiva. Ahora Blanca Stalling se suma al club de los magistrados investigados. Recientemente salió a luz que se reunió con el juez a cargo del Caso PISA-IGSS en el que su hijo es uno de los principales imputados y le pidió favorecerlo con medidas sustitutivas, atentando de esta forma contra la independencia judicial.
Desde que los familiares de la magistrada Blanca Stalling resultaron señalados como delincuentes de cuello blanco, en mayo de 2015, un grupo de profesionales del derecho públicamente solicitamos su renuncia; por considerar que su permanencia en cargo ponía en riesgo la credibilidad de un Sistema de Justicia, de por si debilitado. Dicha solicitud no tuvo eco y con el respaldo de sus pares en la Corte, ella optó por solicitar una licencia para ausentarse de sus labores, mientras pasaba el temporal.
Pero las nubes grises siguen sobre las altas Cortes, pues se investiga a Roberto Villatoro, conocido como el Rey del Tenis, por su participación en la elección de magistrados y a Giovanni Orellana, uno de los electores en las Comisiones de Postulación, hoy magistrado de apelaciones, quien en una transacción dudosa recibió un costoso apartamento financiado por Villatoro.
La función de un magistrado conlleva una enorme responsabilidad, porque en sus manos están decisiones que afectan la vida de los ciudadanos, en temas como la libertad, la propiedad, los derechos laborales y familiares, por mencionar algunos de ellos. Sí existen dudas sobre su honorabilidad o idoneidad, cualquier ciudadano está en su legítimo derecho de expresar su inconformidad y pedir su renuncia.
Los hechos que se investigan ponen nuevamente en duda la legitimidad de los magistrados en funciones y generan una crisis en el Organismo Judicial. Lamentablemente los abogados se han mantenido indiferentes a los graves problemas que pesan sobre la justicia. Es urgente que el gremio se pronuncie, que asuman una postura sobre estos temas que son fundamentales para el Estado de Derecho. Al no manifestarse están avalando la actitud de los magistrados cuestionados y la de Blanca Stalling, quien ha decidido hacer frente al temporal acuerpada por la Corte Suprema.
