Claudia Escobar. PhD.
claudiaescobarm@alumni.harvard.edu
El inicio del año es un momento oportuno para plantearnos cómo vamos a enfrentar los problemas que como grupo social nos aquejan. La violencia, la pobreza extrema, el subdesarrollo, la impunidad, la falta de certeza jurídica, entre otros están directa o indirectamente relacionados con la corrupción.
La corrupción es un mal que ataca de forma indiscriminada a todos los países, sin importar si son ricos o pobres, grandes o pequeños, democracias o dictaduras. Tampoco es un fenómeno propio de nuestros tiempos; desde siempre han existido individuos que ostentan el poder y abusan de él; otros que hacen uso de su influencia para corromper y unos más que son víctimas de las componendas.
Sin embargo, hay Estados que cuentan con mecanismos eficientes para frenar dicha actividad y desincentivar dicha práctica. Mientras que otros son tierra fértil, en donde la corrupción prolifera e invade todos los sectores, penetra todos los niveles del gobierno y se entrelaza con las instituciones estatales.
Guatemala por mucho tiempo ha estado sometida a la corrupción, pero no hemos encontrado la manera de enfrentarla. En lo que va del presente siglo, dos presidentes y sus más cercanos colaboradores han sido acusados de cometer delitos relacionados con la corrupción. ¿Cómo podemos explicarnos que Alfonso Portillo haya sido absuelto en Guatemala pero se haya declarado culpable en Estados Unidos? donde cumplió una pena de prisión mínima. En el caso de Otto Pérez Molina aún queda un largo trecho por recorrer previo a conocer lo que resolverán los tribunales de justicia. Si no fuera por la presencia de la CICIG en Guatemala y la labor que ha realizado el Ministerio Público, no existiría en el país la mínima posibilidad de que altos funcionarios corruptos fueran investigados y que los procesos judiciales sean transparentes. Pero mientras el sistema legal no cambie, las condiciones para que la corrupción prolifere seguirán existiendo.
Diversos académicos afirman que los países que de manera eficiente han logrado hacer frente a la corrupción, son aquellos en los que existe una cultura de legalidad. Desde el siglo XVII Rousseau sostenía que era necesario que los ciudadanos fueran capaces de negociar y ponerse de acuerdo en cuanto las normas que los rigen, para crear lo que él llamaba el “Contrato Social”, de manera que la ley fuera reflejo de la voluntad general. Según su criterio, para que la ley sea respetada, debe emanar de la voluntad del pueblo. Además afirmaba que: “Un pueblo es siempre, en todo momento, dueño de cambiar sus leyes, incluso las mejores”. Estas ideas continúan siendo vigentes hoy en día y en Guatemala es urgente un cambio normativo.
La modernización del sector justicia guatemalteco es una necesidad que se ha planteado desde hace más de 20 años. Actualmente existe en el Congreso de la República una propuesta de Reforma Constitucional para modificar el Sistema de Justicia, la que se conoce como la iniciativa 5179. Durante el año 2016 se llevaron a cabo diversas mesas de diálogo, con el fin de socializar la propuesta y contar con el respaldo de la población para los cambios sugeridos. Sin embargo, distintos sectores han expresado sus inquietudes respecto a la propuesta de reformas.
Por el bien de nuestro país, tenemos que dejar de lado nuestras diferencias y ponernos de acuerdo en temas esenciales. Las normas constitucionales son la base de nuestro contrato social y merecen nuestra atención para que sean reflejo de nuestra voluntad.
