Isabel Pinillos
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Jane no supo si era de día o de noche. Las lámparas blancas estridentes, se encontraban encendidas, siempre, permanentemente, recordándole su estado de mujer violada, indocumentada, humillada. El frío se calaba en sus huesos, el hambre había hecho un agujero en su vientre. Una frazada de aluminio cubría su rostro para luchar contra la somnolencia. Lloraba en seco, por la falta de hidratación; la única fuente de agua olía raro y provenía del chorro de un inodoro. Estaba en uno de los tantos centros de detención privados en la frontera contratado por ICE, la oficina de Imigración de los EE. UU., conocidos como las “hieleras”, debido a que el aire acondicionado se ajusta a temperaturas bajísimas.
Aunque el nombre de Jane, no era su nombre de pila, fue el que le colocó el forense que dictaminó su muerte, debido a las condiciones infrahumanas en las que pasó los últimos días de su vida. En aquel país, a las fallecidas no identificadas se les clasifica como “Jane Doe”. Ella era una de miles de otras “Janes” y Johns” que mueren diariamente en los centros de detención en Estados Unidos. Irónicamente, sus cuerpos son colocados en una hielera en la frontera destinada para los fallecidos mientras sus cuerpos son identificados y devueltos a sus países de origen. Pero una gran cantidad nunca logra ser identificada, y sus familiares se resignan con la incertidumbre de la muerte de sus seres queridos cuyo destino termina en un eterno estado de congelación. Organizaciones que protegen los derechos de los migrantes han reportado cientos de personas indocumentadas que fallecen en estas condiciones.
En otro centro de detención, nos enteramos por los medios de comunicación que en diciembre pasado, se encontraba el exministro Erick Archila, prófugo de la justicia guatemalteca por un caso de corrupción quien fue detenido por ICE, por haber portado una visa vencida. Después de estar detenido por diez días, fue puesto en libertad mediante el pago de una fianza. Todo esto sucedió en el estado de Florida, bajo jurisdicción del Consulado de Miami.
Aquí me detengo para hacer notar que una de las funciones fundamentales del cuerpo consular es la de velar por la integridad física de los guatemaltecos que se encuentran en el extranjero. Más, especialmente en el caso de los detenidos quienes corren situación particular de vulnerabilidad. Aunque los consulados no cuenten con los recursos para prestar asesoría legal, como lo hacen en otros consulados de los países vecinos, debe al menos asegurar y reclamar que los detenidos cuenten con condiciones mínimas de vida. Aunque en varias oportunidades, el Canciller ha reiterado que su prioridad es la protección a la comunidad, ahora se argumenta que ese Ministerio no fue comunicado sobre el caso de Archila, aún cuando habían alertas internacionales en contra de este funcionario de alto perfil.
Si efectivamente no se enteraron, este hecho revelaría que no existe comunicación eficaz entre la red consular y las autoridades de Migración de ese país; pero más importante aún, confirmaría la realidad de que los Consulados no tienen control sobre los guatemaltecos detenidos en ese país, ya que si un caso de tan alto perfil les pasa desapercibido, ¿qué se puede esperar de los casos menos notorios de personas indocumentadas?
Porque el meollo del asunto es, que más que preguntarnos de porqué a Cancillería se le haya pasado por alto el indocumentado VIP, que puede costear abogado y fianza, preocupa más que se le pasen por alto tantas Janes y Johns dentro de un sistema de detención con sus derechos pizoteados y sin patria que los reclame ante la puerta de la amenazante presidencia de Trump.
