Oscar Clemente Marroquín
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Como con TCQ, la empresa brasileña Norberto Odebrecht, sobornó a los funcionarios del gobierno anterior para que se les asignara un millonario contrato y pagaron la mordida en dólares, tal y como se evidenció desde aquel papel en el que se detallaban los pagos a Alejandro Sinibaldi, mismo que éste calificó como un simple “papelito shuco”.
Y como con TCQ, uno puede encontrar cientos de personas y entidades que claman por la necesidad de que la ampliación de la carretera CA-2 Occidente permita la utilización de los cuatro carriles que constituyen un paso a la modernidad y competitividad del país. Personas a las que les viene del norte que el negocio haya tenido un origen más shuco que el papelito del que hablaba Sinibaldi porque, como pasó con los españoles de la Terminal de Contenedores Quetzal, fue estructurado a punta de mordidas millonarias que enriquecieron a los pícaros funcionarios.
Ahora Guatemala está en un brete porque la ampliación de la carretera está parada, pero el Estado ya erogó millonarios intereses a los dos bancos que financiaron el proyecto y, siguiendo la lógica planteada por el interventor de TCQ, debiéramos pensar que basta con que los funcionarios de la empresa brasileña que no están presos se laven las manos, culpando de todo a los que ya están identificados, y que se presenten como “de buena fe”, para que el Estado de Guatemala se haga baboso de lo que ya pasó y les entregue nuevamente el negocio para que lo operen como si nada hubiera ocurrido.
Tener esa moderna carretera es igual de urgente, o a lo mejor hasta mucho más urgente, que disponer de un puerto moderno en el Pacífico, razón que esgrime el interventor como fundamental para que se acelere el trámite para entregarle a los compradores de TCB el derecho a operar gracias a una concesión ilegal y dispuesta a dedo. Sin duda que un interventor como Aizenstadt movería cielo y tierra para que los brasileños también pudieran retornar al negocio de la construcción de la carretera partiendo del criterio de que se trata de una obra indispensable para el desarrollo del país.
No tiene uno que hacer un esfuerzo muy grande para ver las similitudes entre el negocio que hizo Pérez Molina con Pérez Maura y el que hicieron, a su vez, con los brasileños de Norberto Odebrecht. Todo arranca con un millonario soborno que se entrega de manera personal y directa a los altos mandos del gobierno anterior y, en ambos casos, se trata de proyectos que la sociedad valora como urgentes, indispensables y absolutamente necesarios. Ambos casos, sin embargo, al surgir de un soborno significan extraordinarias ventajas para los corruptores, puesto que si no fuera así, ¿para qué diablos iban a dar mordida?
Y, al estilo del interventor de TCQ, a la carretera CA-2 Occidente le hace falta un acuerdo a dedo para que los trinqueteros puedan recuperar el negocio y seguir adelante como si nada hubiera pasado. Además recordemos que en ambos proyectos el Estado puede perder mucho dinero si no se llega a un buen arreglo, como dijo la señora Morfín, y entonces es mejor sentarse a hablar con los ladrones.
