En La Hora hemos sido contundentes diciendo que el sistema político guatemalteco no podrá cambiar mientras no se haga una modificación radical al sistema de financiamiento de los partidos políticos que trae consigo el secuestro de las decisiones con las que se mantiene el monopolio de los beneficios absolutos del Estado.

Y lo podemos ver en cada uno de los gobiernos que hemos tenido. Nadie ha llegado con la capacidad de romper las cadenas con los “cooptadores” y por ello es que terminan siendo gobiernos “operadores de negocios” para los financistas de campaña y para los que han hecho con los políticos de turno el trato para repartirse los contratos.

Ahora es el turno de Jimmy Morales y su partido FCN-Nación, pero también hemos visto que sucedió con el Patriota y hasta eso saldrá a bailar con el Transurbano de la UNE, de los Colom Torres y de Arzú. Igual podríamos seguir para atrás, porque ningún Presidente ha llegado sin cadenas a ejercer el puesto.

Con razón es que los políticos se han negado a entrarle al que es el tema principal para propiciar una reforma al sistema político. Cerrando las puertas a esos dueños de las gallinas de los huevos de oro con que se compran las elecciones, se les quita el poder a los que apuestan para que las campañas de mercadeo terminen siendo la anestesia para inducir el voto.

Las millonarias campañas y la compra del ego de los candidatos ha sido la herramienta con la que se les hace sentir que son los socios de los cooptadores, sin percatarse que solamente son los tontos útiles del momento que facilitarán los cientos de millones en negocios con los que recuperan la inversión del financiamiento de las campañas.

En Guatemala el costo del voto es mucho más caro que en cualquier otro país y es porque siendo un negocio de los financistas, no importa lo que están otorgando a los candidatos, sino la tan alta tasa de retorno.

Hay candidatos a diputados que gastan millonadas, alcaldes que saben que están subastando el acceso al presupuesto y, obvio, binomios presidenciales que sienten que se compraron “la finca”. Todo con la plata que por corrupción o crimen organizado, se nutre a los partidos políticos.

Es momento de poner un alto a este sistema por medio de una reforma real a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Está claro que la solvencia con la que Jimmy Morales envió el último proyecto de ley al Congreso, está completamente minada con la sucia forma en que su partido manejó las finanzas durante la campaña.

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