Jorge Mario Andrino Grotewold
• @jmag2010
La relación estrecha entre los efectos de la corrupción y las violaciones a los derechos humanos es cada vez más notoria. No es solamente las celebraciones en fechas conexas -9 y 10 de diciembre-, sino también los distintos contextos donde la ausencia de desarrollo no permite alcanzar una vida con dignidad, y por el contrario, prevalece la pobreza y la inseguridad.
Es innegable que cuando un servidor público se convierte en un corrupto, conlleva una terrible traición a su país y para con sus habitantes. Las acciones que invitan a la opacidad y la falta de transparencia, regularmente provocan que los recursos de cualquier índole, pero especialmente los técnicos y financieros, lleguen a donde el Estado más debe apoyar, ya sea con oportunidades o bien con servicios esenciales.
Pero entender la corrupción como un fenómeno social es importante para determinar que no solo se trata de quienes se corrompen, sino también de los corruptores, que lejos de ser solidarios, son personas egoístas e interesadas solamente en sus intereses personales. Ese es en sí, el grave problema de una sociedad como la guatemalteca, que lucha por los castigos a los corruptos, inclinando la balanza solamente hacia los corrompidos y no hacia los corruptores. Por eso la imperiosa necesidad de la denuncia y el castigo, y por sobre todo, dejar la indolencia de una sociedad permisiva, tomando como buenos ejemplos los resultados del 2015 que lograron un punto de partida en la organización social.
Esa organización debe prevalecer en la búsqueda de una cultura de paz, de transparencia y de respeto a la ley -y por ende a los derechos humanos- como la gran meta de un Estado como el de Guatemala.
Con pobreza, inseguridad y desigualdad como grandes retos del país, es poco lo que se puede celebrar en materia de derechos humanos. Pero si es necesario recordar que los sistemas económicos y de justicia, entre otros, dependen de un efectivo cumplimiento del Estado de Derecho, que tiene como basamento principal el respeto y promoción de los derechos fundamentales. Y que esos derechos conllevan también obligaciones, tanto para la sociedad como para el Estado. Obligaciones de correlación, colaboración y solidaridad.
La corrupción y su combate está dentro de esas grandes obligaciones sociales, al mismo nivel del pago de impuestos y el respeto a la ley. Y para los servidores públicos, sus obligaciones de la rendición de cuentas, uso y cuidado correcto de los recursos públicos y la excelencia en su desempeño.
El futuro del país está siempre en juego con las acciones del presente. El combate a la corrupción es de ahora y de siempre. Solo así tendremos un desarrollo traducido para cada persona, para la sociedad y para el país.
