Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
La corrupción ha sido generalmente un delito difícil de probar y eso aumentó terriblemente el problema de la impunidad porque fuera de hechos burdos, como el cajonazo para sustraer fondos de las instituciones, muchos de los trinquetes son verdaderas obras de ingenio en el uso de todos los recursos que la ley ofrece para encubrir o disfrazar el verdadero sentido de los negocios. Hay bufetes que se especializan en aconsejar a sus clientes cómo es que deben operar para borrar las huellas de la corrupción y hasta han sido los promotores de figuras como la de los fideicomisos públicos para evitar controles y fiscalizaciones, no digamos la asesoría para hacer de una empresa estatal una sociedad anónima para vender sus activos tras un complejo y enredado proceso que dejó al Congreso al margen de la decisión que legalmente le competía.
Y no se crea que son bufetes de baja estofa, sino que son algunos de los que presumen de ser de postín, acaso porque en esta materia han asesorado a los gobernantes y políticos que se dicen de alcurnia. Generalmente han tenido éxito en pavimentar el camino de la corrupción y aunque han sufrido desmembraciones, como la del otro bufete que estuvo atrás de todos los negocios de Puerto Quetzal en el gobierno pasado, siguen siendo pieza clave para las figuras más siniestras de la corrupción.
Pero donde las cosas se les complican a los pícaros es a la hora de tener que usar el dinero mal habido. Nadie roba para meter bajo el colchón o en un agujero la fortuna mal habida y, tarde o temprano, empiezan a adquirir bienes con esos recursos. Históricamente todos vimos aquel fenómeno que llamábamos “el salto del petate al Cadillac” de tantos personajes de la vida política nacional que llegaron a los puestos con una mano atrás y otra adelante para luego salir como millonarios. O personas de fortunas más o menos importantes, pero elevadas a categoría de “megafortunas” como producto de la corrupción.
Y es en ese proceso, el del lavado del dinero sucio, donde resulta más complicado borrar huellas si hay disposición de los entes de investigación para seguir las pistas. Aun y cuando se utilicen testaferros o sociedades anónimas creadas específicamente con el fin de manejar los billetes productos de la corrupción, ahora hemos visto, gracias al trabajo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) y del Ministerio Público, que se puede detectar el destino final de los millones que han sido robados a los guatemaltecos.
Cómo para que no haya tanto interés en esferas oficiales y privadas para escabecharse a la CICIG y desprestigiar al Ministerio Público, puesto que con esa actitud de seguir la pista del dinero sucio, ponen en peligro a mucha gente que se la ha llevado de honorable y también a otros que, como Sinibaldi y Archila, por ejemplo, actuaron sin recato para alzarse con el dinero público y crearon empresas que fueron financiadas de esa manera.
Brincos dieran muchos por acabar con el esfuerzo por frenar el lavado de dinero en Guatemala y por ello hay tanto cabildeo y esfuerzo, adentro y afuera, para demoler a golpes la lucha contra la corrupción.
