Juan Antonio Mazariegos G.
Esta semana y por un monto mayor a los 77 mil millones de quetzales fue aprobado el presupuesto de ingresos y egresos del Estado para el ejercicio 2017, dentro del mismo predomina el gasto de funcionamiento sobre el de inversión en una proporción de 2 a 1, invirtiendo en salarios la mayoría de ese gasto de funcionamiento, lo cual resulta contradictorio cuando no es posible para el Estado ni siquiera determinar cuántos trabajadores tiene efectivamente laborando.
El denominado caso de las plazas fantasma por el cual se investiga en el Congreso de la República a la Junta Directiva que encabezó el hoy prófugo Luis Rabé, puso en evidencia la fragilidad de este organismo estatal para poder ejercer un control en cuanto a la calidad del gasto invertido en contratación de personal, cuando se detectó por parte de la fiscalía la contratación de un número considerable de personas que no llenaba las calidades o capacidades para sus funciones o bien sencillamente solo cobraba un salario sin siquiera prestar una contraprestación laboral a la entidad que lo había contratado pues devengaban otro sueldo en alguna otra empresa, en donde si atendían su jornada de trabajo.
Lo ocurrido en el Congreso de la República no es una excepción y cuando menos Yo no tengo conocimiento de que la Contraloría General de Cuentas haya iniciado una investigación o censo de los servidores públicos que pueda ayudar a determinar en dónde y a cuánto asciende el número de plazas fantasma que pululan en el Estado y que constituyen un medio de pago, con el dinero de todos, de los favores y deudas que llevan algunos funcionarios para cuando llegan a los cargos públicos.
De conformidad con nuestra Constitución Política la CGC es una institución técnica descentralizada, con funciones fiscalizadoras de los ingresos y egresos y en general de todo interés hacendario de los organismos del Estado, sin excepción y de cualquier persona que reciba fondos públicos. La confianza y la credibilidad ya no acompañan la función pública y buscar recuperarlas debiera de ser un ejercicio primario y constante por parte de los ministros y funcionarios de Estado para que la ciudadanía las recupere.
La labor debe de ser conjunta entre las distintas instituciones públicas y la CGC, o esta última actúa de oficio e investiga y denuncia. Verificar la existencia y contraprestación por cada plaza que exista en el Estado es una condición indispensable para mejorar y transparentar la calidad del gasto y así destinar recursos a la inversión que tanto necesita el País.
