Juan Francisco Reyes López
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Adicional a las ideas expuestas respecto a la construcción de infraestructura propia para el Ejecutivo y el Legislativo, el Organismo Judicial (OJ) también debe dejar de pagar alquileres en la capital.
Lo más adecuado es asignarle al OJ parte de los terrenos de lo que fuera la estación central del ferrocarril, con lo que podría construirse otro edificio de tribunales civiles y contenciosos administrativos y un edificio de parqueo, tanto para jueces y empleados como para abogados litigantes. Con ello se lograría ampliación del Centro Cívico y un excelente aprovechamiento de parte del espacio colindante, como ya lo indiqué, con la Torre de Tribunales.
El ferrocarril, si es que algún día opera, deberá trasladar sus instalaciones fuera del centro de la capital y así dejar de desperdiciarse tan valiosos terrenos.
El Organismo Judicial también debe hacer una evaluación del sistema de alumbrado que actualmente utiliza en la Torre de Tribunales, que pertenece en su tecnología al siglo pasado y que debe ser sustituido por un sistema led, con lo cual de inmediato ahorraría el 50% de lo que gasta mensualmente en luz eléctrica.
En cuanto a los tribunales localizados en los departamentos y municipios, debe emitirse una ley que obligue a todas las municipalidades del país a donarle al Organismo Judicial uno de los predios urbanos que no utilicen y así construir edificios propios en todas las cabeceras departamentales y municipios principales.
Por supuesto, todas estas inversiones pueden y deben ser financiadas a través del sistema bancario y amortizadas con lo que actualmente se gasta en alquileres, logrando no solo mejores instalaciones sino un incremento patrimonial que beneficiaría tanto al Estado como a quienes utilizan, por una u otra razón, esas instalaciones.
Soñar no cuesta nada, y los buenos administradores han demostrado que lo que hemos planteado en estas tres entregas es totalmente factible.
Prueba de ello son los edificios del Intecap, del Inguat, en lo público, y los edificios de la Cámara de Industria y de la Cámara de Comercio.
Muchos son los ejemplos que se podría citar, como el de las embajadas y los consulados que Guatemala de forma ineficiente arrienda en todos los países donde se tiene representación; si alguien lo duda, basta hacer números de lo que mensual y anualmente se gasta en alquileres en el exterior.
Testimonio o ejemplo de esto último lo he conversado y comprobado con diferentes embajadores y cónsules; incluso, en el pasado le han propuesto a la Cancillería la compra de las residencias que se alquilan y por supuesto también de las oficinas que se utilizan como embajada o consulados. En Japón, hace 15 años, la propietaria de la casa que alquilada el embajador se la ofreció en venta y lamentablemente la Cancillería no supo concretar esa oportunidad, la misma fue vendida y construido un edificio que vale millones. Guatemala podría haber construido ese edificio y parte del mismo haberlo alquilado para recuperar así totalmente la inversión y ahorrarse, por supuesto, los alquileres en un país tan importante y tan oneroso como lo es Japón.
¡Guatemala es primero!
