Estuardo Gamalero
«Hay quienes dicen una necedad y a fuerza de repetirla acaban creyéndola» -Voltaire
Hoy escribo preocupado, pues en los últimos días, he confirmado el “cañaveral de pasiones” y “calores ideológicos” que giran alrededor de las propuestas político-jurídicas, cuando estas se promueven al margen del debate sano.
En un país, en el cual tener la “cola machucada” es cosa de todos los días, incidir sobre aquel que “la tiene machucada”, se volvió un incentivo para conseguir objetivos que no necesariamente son buenos para construir nación.
En el recorrido de esas presiones, a las personas que se oponen a los cambios, fácilmente se les puede tildar como “enemigos del sistema”.
A quienes se oponen a cierto contenido de la reforma constitucional, se les tildó de “racistas”, “delincuentes”, “grupos paralelos de poder” e incluso “retrógrados”. Las imputaciones son lamentables, pues lejos de tender puentes y construir país, aumentan los resentimientos sociales que inhiben la confianza e implantan miedo. Las críticas necias son una receta para fracasar como país.
En nuestra cultura, somos proclives para estereotipar o demeritar a cualquiera que no piense como nosotros, no digamos, a quienes intentan fiscalizar el ejercicio y excesos de un cargo público. Esto debe preocuparnos, pues ante la mirada de una ciudadanía que no comprende lo que observa, fácilmente se le puede convencer de exigir, criticar y condenar aquello que ni siquiera ha leído.
Existía o mejor dicho subsiste, un tema de interés transversal para todos los guatemaltecos: “el fortalecimiento de la administración de justicia”. En la coincidencia por esta idea/necesidad, se generó una iniciativa de reforma a la Constitución Política, la cual ha evidenciado tener ADN de varios padres.
Como todo en la vida, hubo sectores que apoyaron “a ojos cerrados la reforma” y otros que, incluso convencidos del tema medular, repararon en los defectos de forma y fondo que contenía la iniciativa trasladada al Congreso.
Para la mayoría de juristas, el fortalecimiento del sector justicia, no requiere de una cirugía mayor a nivel constitucional (cuesta arriba, polarizante y excesivamente cara –300 millones– de llevarse a consulta popular), basta con voluntad política y la adecuación de algunas leyes ordinarias.
En lo personal coincido con ese razonamiento, no solo por amplias razones legales, sino porque veo la agenda de país convertida en un «reality show» creyendo que por medio de leyes y cambios a la Constitución se logra un «extreme make over».
Los argumentos de quienes critican el actual proyecto de Reforma Constitucional, son variados, pero tal vez los fundamentales son: I) La redacción final de la propuesta no fue conocida, discutida ni aprobada, por las partes que participaron en las mesas de diálogo; II) Bajo la garantía de igualdad ante la ley, no puede ni debe justificarse más de un sistema de justicia, pues ello divide a la nación; III) Si bien las costumbres, tradiciones, normas ancestrales y la equidad son fuente de Derecho, no pueden sobreponerse a la ley; IV) Es importante separar las funciones administrativas y jurisdiccionales de la Corte Suprema de Justicia, pero no a un precio de debilitar su independencia. V) Los diputados deben garantizarle a la población, que cada ley que conocen y eventualmente rechazan o aprueban, ha sido ampliamente discutida y sobre todo, que su voluntad no está comprometida a presión e instrucción alguna.
Un día duró en el Congreso la lectura de las ENMIENDAS a los primeros 3 artículos de esta iniciativa: Ninguno de ellos fue aprobado. Pero lo importante no es si fueron aprobados o no, es que cada artículo intentó ser aprobado con varios cambios y propuestas de redacción elaboradas por los mismos diputados, lo cual puso de manifiesto, que la versión original efectivamente adolecía de errores de forma y fondo.
Lo anterior no es una opinión infundada, la sustento en el hecho que las enmiendas las efectuaron bancadas de todo espectro: izquierda, derecha e izquiecha.
Guatemala es un país edificado sobre los pilares de la República. Varios de esos cimientos son débiles y deben reforzarse si queremos salir adelante. Para ello, es indispensable una ciudadanía pensante y activa, pero también propositiva y no simplemente deliberante y manipulable.
Necesitamos gente responsable que sea parte de la solución y no solo del problema, que se informe, que audite la gestión pública y cumpla con sus responsabilidades. Necesitamos ciudadanos que no le anden buscando problemas a las soluciones.
Guatemala necesita personas que exijan sus derechos, pero también que cumplan con sus obligaciones.
Si queremos ser un país de primer mundo, tenemos que ser una población de primer mundo.
