Fernando Mollinedo C.
Abordo un tema respecto a la aplicación de justicia en el ramo administrativo; inobservancia de la ley y abuso de poder por parte de quienes “aplican la ley” pasándosela por el arco del triunfo en detrimento de la institucionalidad de la dependencia y del mismo órgano administrativo.
La rutina burocrática de castigo en Guatemala es perjudicial para quienes tienen que defenderse de cargos inexistentes o falaces inventados por sus jefes ante la negativa de cumplir órdenes ilegales o favores de todo tipo, desde el sexual hasta por no ser fiadores de préstamos bancarios, o simplemente porque saben que el empleado no conoce la ley y no podrá defenderse.
Resulta fácil formular cargos a los empleados; usualmente se les sanciona con el fin de lograr su destitución y darle la plaza o nombrar a una persona de identificación política afín a los actuales gobernantes.
Si, así pasa, pasó y pasará. La mayoría de empleados administrativos en todos los ministerios, municipalidades, entidades autónomas, secretarías y otras dependencias no conocen la ley que los rige en su relación de trabajo con su patrono: el Estado; hasta que les llega una formulación de cargos y deben defenderse.
En el magisterio nacional la situación es grave, pues la mayoría de maestros, profesores, directores, personal administrativo y operativo de todos los niveles, ni siquiera saben que existe la Ley de Servicio Civil; misma con la que sus patronos directores de escuela, supervisores educativos, jefes administrativos, directores departamentales y otras autoridades, les aplican medidas disciplinarias ante un acto que no les parece adecuado a sus fines.
Defenderse no les sirve de nada a las personas acusadas, pues sus argumentos de defensa por más consistentes que sean pasan como agua llovida directa al drenaje de la indiferencia; las autoridades persisten en que “esta mula es mi macho” y emiten resoluciones violatorias a los principios constitucionales del derecho a la defensa; ya sea por no dar validez a lo argumentado o porque siguen el proceso de destitución sin cumplir con los requisitos establecidos en la ley.
Por otro lado, el Ministerio de Educación al no cumplir con sus obligaciones económicas para con los estudiantes, maestros, profesores y directores, compelen a estos a ejecutar actos de recaudación de fondos utilizados para el beneficio directo de los escolares.
Hay que reconocer que hay directores/as que se huevean los fondos recibidos comprando a su sabor y antojo en contubernio con algunos proveedores y llevan la mayor parte de producto a su casa. Para ello utilizan a madres de familia, quienes cobran los cheques de la gratuidad, cuyo monto entregan a la directora quien no entrega cuentas.
Toda regla tiene su excepción, pero la mayoría de quienes ejercen el cargo de director en un plantel, también amenazan cada año a los profesores por contrato con que “o es de mi grupo” o no lo propongo para el año siguiente, por eso hay quienes les sirven a sus autoridades superiores como pilotos, mandaderos, jardineros, cuijes, soplones, chismosos, niñeras y en algunos casos cultivando el temperamento romántico.
