Francisco Cáceres Barrios
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No cabe otra salida, que sea la Corte Suprema de Justicia la que revoque el fallo dictado por la Sala Segunda de Apelaciones del Ramo Penal, cuyos integrantes Roaldo Isaías Chávez Pérez, Eduardo Galván Casasola y César Aníbal Najarro López tuvieron la desfachatez de beneficiar a Arnoldo Medrano, exalcalde de Chinautla, reduciéndole la pena a la que había sido condenado por el Tribunal Octavo de Sentencia Penal, aduciendo que ninguno de los habitantes de dicho municipio había sido perjudicado, cuando el Tribunal de Sentencia lo estableció plenamente ante la ilegal facultad de cobrar el IUSI concedida al llamado Grupo Dinámica Constructiva.
¿De dónde salieron entonces los fondos para pagar una comisión que ascendió a más de Q1 millón? ¿Acaso no fueron recursos de la comunidad, que muy bien pudieron haber sido útiles para beneficiar y atender servicios que la población de esa localidad sigue actualmente sin poder recibirlos? No hay vuelta de hoja, las finanzas de la comuna fueron perjudicadas y por ende también los intereses de la población.
No es secreto para ningún guatemalteco que el señor Arnoldo Medrano se haya vuelto un modelo de político a no imitar debido a que sobre la base de compra de voluntades ha logrado no solo amasar una fortuna en compañía de sus familiares, sino se mantuvo evadiendo cuanta demanda se le haya planteado por diversas actividades delictivas cometidas durante los años en que estuvo al frente de la municipalidad de Chinautla. A todos consta, que empleando multitud de estratagemas logró utilizar los recursos públicos para satisfacer sus personales intereses, sistema imitado por otros alcaldes que hicieron los mismo, tal el caso de los jefes edilicios de San Miguel Petapa y de Fraijanes, solo para citar un par de ejemplos. ¿Es que con la modificación de la sentencia indicada, lo que se quiere es sentar un precedente para que el resto de funcionarios edilicios sigan haciendo de las suyas en perjuicio de sus respectivas poblaciones?
Queda demostrado una vez más que no basta con que nuestras leyes sean claras y específicas, como tampoco que comprobar fehacientemente la culpabilidad de los delincuentes sea causa suficiente para decretar su culpabilidad, si es que a nuestros jueces se les va a seguir permitiendo la aplicación de aquella frase que dice: “hecha la ley, hecha la trampa”. Repito, no hay otra salida, nuestras autoridades deben actuar con todo rigor, energía y responsabilidad corrigiéndole la plana a quienes aviesamente manipulan, tergiversan o malinterpretan aquellas disposiciones o hechos más claros que el agua. ¿Será posible pensar que con estos ejemplos de mala aplicación de nuestra justicia vayamos a poder construir un mejor futuro?
