Los que dicen que hay que entregar a APM Terminals el proyecto de TCQ, lo hacen bajo el argumento de que “no hay otra opción” o que el Estado de Guatemala no tiene los recursos para operar una obra de tal magnitud.
Volviendo a utilizar el ejemplo del carro robado, es como que quien lo compró tenga derecho de quedárselo porque es el que tiene pisto para echarle gasolina y pagarle sus servicios, y el verdadero dueño teme que le cobren las llantas que le puso el “comprador de buena fe”.
Con TCQ hay varias opciones y la última tendría que ser premiar a quien no tuvo su proceso de adquisición (due diligence, en inglés) de manera adecuada y sabiendo del trato profundamente corrupto entre empresarios y políticos o siendo totalmente incapaces que no se dieron cuenta, terminaron involucrados en un negocio que apesta desde su inicio.
La licitación internacional es una de las opciones entendiendo que el capital más importante que se tiene en el proyecto es el terreno propiedad del Estado. Actualmente en Panamá la misma APM Terminals compite en una con otras dos empresas de talla mundial. Eso sí, en ese proceso tiene que ser muy abierto y transparente para evitar esas maletitas de a 30 millones de dólares como aparentemente es la forma de convencer presidentes y diputados en Guatemala.
Otra de las opciones es que el mismo Estado de Guatemala sea el que se quede operando dicha terminal. Es tan interesante y rentable el negocio como lo han pintado que en tales condiciones no debería haber una sola entidad multilateral que no se muestre interesada en financiar su operación.
Eso sí, se tendría que hacer sin las mafias del sindicato de Puerto Quetzal. Sería fundamental que se contrate personal nuevo y que se establezcan los controles y sistemas necesarios para que cualquier organización laboral sea legítima en defensa de los trabajadores y no una herramienta de chantaje a favor de negocios y beneficios que no corresponden.
Pero lo primero que tenemos que tener es la claridad de que Guatemala, como Estado, es el agraviado en este caso, y que no tenemos por qué temer pelear por TCQ. Es una oportunidad de oro para que el país se modernice siempre y cuando se haga protegiendo sus intereses. Si protegemos los intereses de los corruptos, el retroceso en la lucha contra la corrupción es terrible. Hoy por hoy, se le está entregando a dedo el proyecto a una sola empresa involucrada de una u otra manera en un hecho corrupto y eso no es correcto.
