Claudia Escobar. PhD.
claudiaescobarm@alumni.harvard.edu
Después de dos años de haber presentado una denuncia contra el entonces diputado Godofredo Rivera y el abogado Vernon González por las presiones recibidas para otorgar un amparo provisional a favor de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, finalmente el día viernes 25 de octubre se dictó sentencia.
La jueza Bélgica Deras del Tribunal Quinto de Sentencia Penal, al analizar de forma técnica e imparcial los hechos y las pruebas ofrecidas, los encontró culpables. El diputado Rivera fue condenado por cohecho y tráfico de influencias, delitos por los que tendrá que cumplir un poco más de 13 años de prisión; mientras que el abogado González permanecerá en prisión por 5 años por el delito de tráfico de influencias.
Aunque aún faltan etapas de este proceso, pues hay que esperar lo que resuelven los magistrados de apelaciones, la sentencia es emblemática, no porque ponga tras las rejas a dos delincuentes de cuello blanco, sino porque sienta un precedente para que las personas influyentes piensen dos veces antes de presionar a un funcionario judicial.
El tráfico de influencias ha sido una práctica muy usual en nuestra sociedad. Quienes ostentan el poder, creen tener el derecho de ordenar a un juez como debe resolver. Los jueces por su parte no tienen las herramientas para defenderse de esas intromisiones, pues la justicia ha estado supeditada a los otros poderes del Estado y otros grupos de influencia. Al no existir un equilibrio entre los distintos poderes del Estado, hay quienes gozan del poder absoluto e imponen su voluntad. Todos hemos sido testigos de las palabras de Lord Alton: “El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”.
Presentar la denuncia no fue una decisión fácil, ni tomada a la ligera, ponderaba los riesgos y las represalias que vendrían como consecuencia de levantar la voz. Los que pertenecen a mi generación crecimos durante el conflicto armado, en donde floreció la cultura del silencio, donde se nos contagió el miedo a expresarnos y a exigir el respeto de nuestros derechos. A pesar de ser integrante de la judicatura, yo también dudaba de la capacidad de nuestras instituciones, pero pensaba que al callarme era cómplice de una situación que atentaba contra todo el sistema de justicia, pues la coacción era una violación directa a la independencia judicial.
En su momento ponderaba que si como persona individual tenía la opción de denunciar, como jueza estaba obligada a hacerlo; que aunque servir a la justicia ha sido mi vocación, no tenía sentido hacerlo bajo esas condiciones; que si el sistema hoy tiene debilidades, tenemos que luchar por fortalecerlo. Finalmente decidí denunciar porque siempre he creído que un Sistema de Justicia sólido es la herramienta más poderosa contra los males que aquejan a nuestra sociedad.
Muchas personas me han manifestado su apoyo y solidaridad durante este tiempo, lo que agradezco profundamente, pero debo reconocer que el hecho que se haya procesado a dos individuos poderosos, no es un logro personal, ha sido posible gracias a funcionarios públicos que han cumplido de manera eficiente y profesional con su labor, como los fiscales del Ministerio Público, apoyados por el equipo de CICIG, así como los miembros del Organismo Judicial que en las distintas etapas del juicio fueron dictando resoluciones coherentes y apegadas a la ley. Guatemala necesita más personas capaces y diligentes, como ellos dispuestos a trabajar por fortalecer la justicia.
