Jorge Mario Andrino Grotewold
* @jmag2010
Dentro de los estándares internacionales para alcanzar niveles de desarrollo adecuados para cualquier población, se encuentra una recaudación tributaria efectiva y suficiente; niveles de inversión nacional y extranjera segura; un endeudamiento público racional; y una lógica económica que produzca riqueza, mediante el empleo, en concordancia con la inflación y el ahorro. Y recientemente, derivado de los impactos alrededor del mundo, se han sumado indicadores de buen gobierno, como la transparencia, la calidad del gasto y la democracia.
Para Guatemala, que tiene altos niveles de subdesarrollo como lo han señalado durante años los distintos informes de agencias especializadas como el PNUD, es indispensable que exista no solo un mecanismo de tributación más alto. Esto permitiría que el Estado en su conjunto, cuente con recursos para una recuperación solidaria de aquellos que no pueden gozar de un sistema de equidad para el ejercicio de sus derechos, sino también que esos nuevos recursos sean priorizados por un Estado que reconoce el esfuerzo de quienes pagan sus impuestos, y que les brinda seguridad en cuanto al goce y disfrute de sus derechos. También incluye, alcanzar a beneficiar a aquellos que por razones de historia, de discriminación o de cualquier otra índole, no tienen las mismas oportunidades que los demás.
Así entonces, los impuestos recibidos, pocos o muchos, se entiende van dirigidos de forma estratégica en todas las necesidades públicas, pero especialmente hacia aquellas que deben atenderse con urgencia, como la salud, la seguridad (alimentaria, física, jurídica, etc.) y el empleo; sin descuidar aquellos de suma importancia como la educación, los aspectos socioambientales, la infraestructura vial, la cultura o el deporte, entre otras tantas materias relevantes que cuentan con agenda pendiente para el país.
Por ello, asusta de verdad, que un esfuerzo visionario, como el caso del Centro Administrativo del Estado –CAE- propuesto por la Agencia Nacional Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica -Anadie- sea tomado como una prioridad antes de cualquiera otra de las urgentes o importantes ya mencionadas. No se abordan en esta columna, una crítica hacia los procedimientos que pueden hacerse mediante alianzas público/privadas, aunque habría mucho que aportar a los modelos propuestos. Se trata de identificar si los proyectos que se pretenden alcanzar, pueden ser financiados por Estado o sociedad, antes que una red de hospitales abastecidos, un sistema penitenciario seguro, un sistema de centros deportivos dirigidos a la niñez y juventud, o un programa agresivo de empleo digno y decente; la recuperación de escuelas a nivel nacional o un metro subterráneo para la ciudad, como forma óptima de transporte público.
Lamentablemente ninguno de estos proyectos parece interesarle a Anadie, y sus prioridades se concentran en darle funcionalidad efectiva al Estado, con una infraestructura que en teoría le haría funcionar mejor. Ni siquiera ha sido el país capaz de crear un nuevo sistema para su burocracia mediante un servicio civil. O al menos tener un dato real sobre la cantidad de empleados públicos con los que se cuenta.
Priorizando de esa forma, Guatemala tiene un largo camino para su desarrollo.
