Alfonso Mata
Las cosas no surgen de la espontaneidad. Las actuaciones técnicas y políticas, no se generan de un momento a otro. La conquista de la salud en nuestro medio ha sido un trabajo arduo de más de cincuenta años que ha ido aterrizando para que una sociedad con una brecha amplia de oportunidades de salud, la vaya cerrando y transformando, cosa que aún no termina, pero no podemos dejar pasar por alto que si alguna política de Estado ha tenido continuidad y se ha venido construyendo a lo largo de muchas generaciones, es la política de salud.
Desde la Revolución del 44, el Estado aportó tanto una política de salud como su hermana la seguridad social y lo cierto es que a lo largo y desde entonces, aún faltan varias cosas por hacer: Primero que nada vemos que, ni una ni otra (ni MSPAS ni IGSS, ni medicina privada) alcanzan como mecanismos de protección y de curación a la población y por consiguiente, los subsistemas nacionales de salud (no existe un sistema) se quedan cortos para generar una red de protección que permita a lo largo de la vida de las personas, especialmente de los más vulnerables y necesitados, la curación y la prevención.
En segundo término, nuestros constitucionalistas y legisladores, tanto en aspiraciones como en asignaciones a lo largo de su trayectoria, se han quedado cortos para enfrentar la problemática, generando un MSPAS y un IGSS de crecimiento lento y pobre y un sistema privado caótico y explotador, a pesar de que los preceptos para lograr equidad y justicia existen, son fuertes y bien fundamentados. La realidad de eso, es una gran masa que queda afuera barriendo con uno de los derechos humanos claramente establecidos en la Constitución. Es entonces que se puede decir que ha habido una negligencia gubernamental, un no quererle dar a los ciudadanos y dejar que la salud se convierta en un privilegio comandado por una capacidad de pago o estatus laboral. Tanto en el acceso como en la protección a la salud no ha habido ni hubo capacidad política de crear un sistema de salud universal y de montar las herramientas para instrumentalizar una política de universalización y equidad.
Desempleo e informalidad se dispararon desde los 80 y las prestaciones sociales no previeron ni imaginaron eso, a tal punto que, muchas familias, cuando uno de sus miembros cae con una enfermedad catastrófica (y lo son bastantes) pierden no solo el patrimonio sino que otras enfermedades caen sobre alguno de sus integrantes, sin tener acceso a un sistema que les solucione e incurren en un problema de gasto de su bolsillo, que lleva al empobrecimiento de varios de sus miembros y a sus consecuencias; de tal manera que no se puede ocultar que algunas familias se empobrecen derivado de gastos en la salud, generando más vulnerabilidad en ellas y restándoles oportunidad a su desarrollo humano.
Un tercer reto que se plantea es mover un sistema que se construyó para ser eminentemente curativo y generó una cultura social enfocada y comprendida en “esperar para curar” constituyendo una sociedad que espera de hospitales y de la atención clínica la solución a sus problemas de salud, sin que medie en eso de su parte, ninguna intervención y volviendo al ciudadano un ente pasivo e impotente ante su propia problemática. Esa visión a su vez tiene problemas internos: se ha rezagado en inversión y modernización en los subsistemas, por lo que se han producido brechas de inversión en infraestructura, tecnología de prestación entre los mismos y dentro de ellos, restándole capacidad y calidad a su actuar.
Todo lo anterior lo que indica es que se necesita, y dejemos de seguir haciéndonos los papos, de una ley de salud y decretos, en donde se vea como una realidad, la protección a la salud en todo su sentido y se configure una estrategia viable de crear un sistema que funcione como un punto de entrada de una política pública para hacer factible el derecho universal y de calidad a la salud, lo que implica aumento de cobertura, mayor inversión y calidad, lo que involucra de alguna manera compromisos formales de Estado de “aportar y ordenar” de manera progresiva lo que, además, demanda de inversión en infraestructura, recursos y personal, pero sobre todo voluntad política de cambio. Deben cambiar los estándares del cuidado de la salud del guatemalteco.
