Claudia Escobar. PhD.
claudiaescobarm@alumni.harvard.edu
Después de varios meses en que los guatemaltecos tuvieron oportunidad de reunirse en las mesas de diálogo para discutir ampliamente la propuesta de reformas constitucionales al Sector Justicia, la Secretaría Técnica recogió en un documento la propuesta que recientemente los presidentes de los Organismos Ejecutivo y Judicial entregaron al Presidente del Legislativo. Ahora corresponde que la iniciativa siga los procedimientos requeridos para que sea presentada a la población y que esta se manifieste, a través de una consulta popular, si acepta o no los cambios propuestos a la Constitución Política de la República.
Podemos estar de acuerdo o no con la iniciativa; es posible incluso que pensemos que hay aspectos que pueden mejorarse de la propuesta. Lo que es oportuno preguntarnos es: ¿Si los cambios sugeridos nos permitirán tener un mejor sistema de justicia y erradicar los vicios del pasado? ¿Si la normativa propuesta nos garantiza que los órganos judiciales actuarán con independencia e imparcialidad? ¿Si el proyecto promueve una verdadera separación de poderes?
Sabemos que llegar a consenso no es un asunto sencillo, en especial en una sociedad tan polarizada como la nuestra. Sin embargo, en las mesas de diálogo los ciudadanos que representaron a distintos sectores, expresaron abiertamente sus inquietudes respecto a las modificaciones planteadas en el proyecto de reformas. Sin duda alguna el ejercicio en sí fue muy valioso porque permitió que guatemaltecos con puntos de vista diversos se sentaran a discutir sobre un tema que a todos nos afecta, como el que se refiere al correcto funcionamiento del Sistema de Justicia de nuestro país.
Uno de los aspectos en los que los participantes manifestaron mayor coincidencia fue el relacionado con la eliminación de las Comisiones de Postulación para la elección de magistrados y Fiscal General. Se reconoció ampliamente que la figura de las Comisiones de Postulación se ha pervertido y ha impedido que exista un Sistema de Justicia independiente e imparcial.
En sustitución de dichas comisiones se propone la creación de un Consejo Nacional de Justicia, al que también se le otorgan muchas de las facultades que actualmente ejerce la Corte Suprema de Justicia. Este a mi juicio, es uno de los temas medulares de la propuesta, pues de ser aprobada la reforma será el ente responsable del nombramiento de jueces y magistrados, de la contratación de auxiliarles de justicia, de hacer propuestas para la elección de magistrados a Corte Suprema y Corte de Constitucionalidad y además se encargará de todo lo relacionado con los temas administrativos del Organismo Judicial.
Por tanto considero que la forma en que se seleccione a los integrantes de dicho Consejo debe cumplir con las garantías de capacidad, idoneidad y honorabilidad. Los aspirantes a ocupar un cargo en el Consejo deben ser los más destacados profesionales y esto se debe determinar con parámetros de evaluación a los candidatos.
En un momento en que Guatemala necesita el fortalecimiento de las instituciones del Sector Justicia, el Congreso de la República tiene la oportunidad de validar el ejercicio democrático que se realizó con gran esfuerzo en las mesas de diálogo y aprobar la propuesta planteada para ser sometida posteriormente a consulta popular.
