Félix Loarca Guzmán
En el curso de las últimas semanas se ha intensificado una campaña para estigmatizar las instituciones del sector público con argumentos como la corrupción y la falta de eficiencia en los servicios al público, pero curiosamente no se dice nada que tales anomalías también existen en el sector privado.
Las críticas han puesto especial énfasis en las debilidades del funcionamiento de las dependencias del Ministerio de Salud y del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IGSS.
Uno de los aspectos que se está señalando, es el repunte de casos de bacterias hospitalarias que se dice, causaron la muerte de varios niños en hospitales estatales.
No hay duda que la ausencia de una política adecuada de seguridad para los pacientes, la mala atención y en general la negligencia, son factores que están dando alas a un movimiento que se encuentra en marcha para propiciar la privatización especialmente del Seguro Social.
Los médicos y demás trabajadores del IGSS, deberían cobrar conciencia que junto a los pacientes, ellos serán los principales perdedores en el caso en que se produjera la privatización, pues dejarían de percibir importantes ingresos económicos, además de quedar en la cesantía.
Por ello, los primeros defensores del Seguro Social deben ser los médicos, secretarias, enfermeros y demás personal, y para ello el primer paso tiene que ser un cambio de actitud, mejorando la atención a los pacientes, para promover no solo el alivio sino la curación de sus enfermedades.
Algunos medios de comunicación han dirigido sus baterías hacia las deficiencias de las entidades públicas de salud, pero guardan un silencio cómplice ante el hecho de que las enfermedades nosocomiales también se registran en los hospitales privados, y que en algunos de ellos se cometen muchos abusos en contra de los pacientes como los cobros faraónicos que se les hacen, convirtiendo el derecho a la salud en un floreciente negocio.
Es un secreto a voces que en algunos de los hospitales privados, se obliga a los enfermos, especialmente en la víspera de intervenciones quirúrgicas, a firmar un documento para exonerar a esos centros y a su personal, de responsabilidades civiles y penales, ante la eventualidad de algún desenlace fatal o cualquier complicación, lo cual fomenta la impunidad.
