Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt

Hace varias semanas se anunció el secuestro de documentación sobre el negocio del Transurbano que se fraguó durante el gobierno de los esposos Colom, y lo digo así porque es de conocimiento público que aunque el electo como Presidente fue el marido, quien llevó los pantalones hasta que se produjo el convenientemente pactado divorcio. Sin embargo, ha transcurrido el tiempo y los entes investigadores, es decir la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público, no han llegado a la etapa de presentar el caso formalmente.

Uno analiza hasta dónde se piensa llegar en la lucha contra la impunidad en el país y si realmente hay interés por algo más que los trinquetes cometidos por los miembros del Partido Patriota que dirigieron Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti. Especialmente porque el expresidente ha sostenido que contra él se fraguó un “golpe blando” dirigido por Estados Unidos utilizando a la CICIG como instrumento y, por obvias razones, no habría mejor desmentido a esa tesis que desde la cárcel reitera Pérez Molina que una acción más amplia de las acciones contra la corrupción que abarcaran no solo al gobierno anterior, sino que pusieran atención a los incontables negocios que se cometieron en gobiernos anteriores y en otras instancias de la administración pública, como la Municipalidad, por ejemplo.

Preocupa pensar que se les pueda haber acabado la gasolina y que las maravillosas técnicas de investigación que permitieron acabar con el gobierno de Pérez Molina y Baldetti no estén funcionando con la misma eficiencia cuando se trata de indagar en los negocios de otros que han pasado por el gobierno de Guatemala. Porque para nosotros, en La Hora, siempre ha sido un punto esencial afirmar que la corrupción es parte del sistema y por lo tanto hay que ampliar el espectro de su combate, lo que hasta ahora no ha podido ocurrir por razones que desconocemos.

Cuando al final del gobierno de Portillo se dijo que ese era el gobierno más corrupto de la historia del país, en La Hora dijimos que no era cierta la aseveración porque había otros gobiernos en los que se planificó y ejecutó el desmantelamiento del Estado con rendimientos mucho más lucrativos que el manejo que Portillo (como todo los demás que pasaron por la Presidencia) hicieron con dineros confidenciales, fueran los así llamados inicialmente o luego las partidas secretas del Ministerio de la Defensa que se convirtieron en caja chica para los gobernantes.

Ahora caímos otra vez en el espejismo mediático de pensar que la corrupción en el país fue producto de lo que hicieron Pérez y Baldetti, aunque esté demostrado que ellos aprovecharon la ruta que ya habían marcado los que les antecedieron. Que el descaro de la Baldetti no tiene parangón es cierto, pero el sistema funcionó antes y funcionó después aunque cambiaran los montos de la cooptación en uno y otro caso.

Sería terrible para el país que se produzca el agotamiento de las dos insignias que tenemos frente a la corrupción y por ello vale la pena insistir en la pregunta de que si se habrán quedado sin gasolina la CICIG y el MP.

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