Raul Molina
Con bombo y platillo, incluidas sonrisas de los Presidentes de los tres Poderes del Estado, se entregó el proyecto de reformas constitucionales al sector justicia. Quizás es bueno, aunque por ahora no se puede opinar porque se desconoce; pero nadie garantiza que el Congreso no lo convertirá en un mamarracho más, ni tampoco que sectores interesados en que no se cambie el sistema de justicia planteen inconstitucionalidades o presenten apelaciones. Terminada la danza de los quetzales para lograr los votos favorables de 2/3 del Congreso, y para salvar los obstáculos en otras instancias, se tendrán que invertir millones de dólares para realizar un referendo, que puede terminar diciendo NO, como ocurrió en 1999. Es un proceso oneroso que lleva a una reforma ineficaz e insuficiente de la Constitución. Transformar el sistema de justicia es justo y necesario, además de impostergable; pero no es, por mucho, lo único que hay que reformar en la Constitución. Muchos sectores ciudadanos planteamos que no hay que reformarla por parches; debe ser redactada en su totalidad vía una asamblea nacional constituyente.
En vez de gastar millones de dólares en un referendo, que ni siquiera rasguñará la crisis del Estado, hay que invertir ese dinero en convocar a la Asamblea Nacional Constituyente de los Cuatro Pueblos que se ha propuesto. Así, se podrá analizar el proyecto de reformas al sector justicia con representantes nuevos, respaldados por la ciudadanía, y no con los ilegítimos y dudosos diputados y diputadas actuales. El trabajo entregado ya al Congreso no se desperdiciaría, porque sería debatido a la luz de los intereses del país y en congruencia con las otras transformaciones del Estado que son necesarias y apremiantes. Algunas reformas actuales al sistema de justicia no son válidas al llevarse a una discusión más fundamental del Estado. Por ejemplo, no es lo mismo decir que se dará cabida a la aplicación de la justicia Maya, que reconocer que en el país, según el Acuerdo de Paz Firme y Duradera, coexisten cuatro pueblos iguales, y que así, la justicia Maya no es una concesión sino que una obligación. También podría darse que la Corte de Constitucionalidad (CC) desapareciera, lo que haría innecesario invertir esfuerzos en determinar la elección de sus magistrados. Con base en la experiencia de 30 años de la Constitución contrainsurgente de 1985, la CC no merece subsistir, ya que ha sido un candado contrario a los mejores intereses de la población y, más bien, fuente de inconstitucionalidades. Habrán expresiones vociferantes en contra de los cambios que nos sitúen en el siglo XXI; pero ha llegado la hora de que la clase dominante comparta el país con todas y todos los habitantes. He señalado, desde hace mucho, que la redacción de una nueva Constitución es necesaria para rescatar derechos de las minorías ya reconocidos internacionalmente y no digamos derechos de las mayorías, como son los pueblos indígenas y las mujeres. Especialmente, hay que devolverle su plena soberanía a la ciudadanía; ¡es inconcebible que una Constitución tenga artículos que no se pueden modificar!
