Dr. Luis Fernando Cordón Morales
buzonasprodecogt@gmail.com
La locución sustantiva masculina “saber hacer”, de conformidad con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se refiere al conjunto de conocimientos y técnicas acumuladas por una persona o una empresa. Dicha expresión es conocida en el mundo empresarial como know how y se refiere generalmente a la denominación de la sabiduría obtenida por la práctica y que es codiciada por las personas interesadas en obtenerlo. Por lo que debe considerarse que el éxito de las entidades públicas también depende del fruto de su “saber hacer” del talento humano, sino están condenadas al fracaso.
Un ejemplo de la pérdida del relacionado discernimiento ocurre con el actual sistema de selección de Magistrados de Cortes y tribunales, en donde los salientes se llevan todo el conocimiento adquirido por la experiencia y los entrantes deben iniciar el proceso de formación, junto a su séquito, por esa razón vemos sentencias tan aberrantes.
En Guatemala durante cada cambio de autoridades públicas surge el relevo indiscriminado del recurso humano para incluir a los comprometidos, los de confianza, los partidarios, familiares, etcétera. Dicho recambio, donde el talento es el menor requisito, provoca un natural debilitamiento en las entidades porque relevan a los empleados y funcionarios que poseen el entendimiento no instalado ni asegurado sobre la operatoria institucional.
Las recientes propuestas legislativas del Organismo Ejecutivo evidenciaron la falta de ese conocimiento preexistente indispensable para tener posibilidades de discusión y posterior aprobación, lo que innecesariamente le ha restado credibilidad, como presentar una reforma fiscal no consensuada, que se vio obligado a solicitar en devolución; así como, entregar la iniciativa de ley de presupuesto general de ingresos y egresos del Estado sin incluir la opinión favorable de la Junta Monetaria para respaldar la solicitud de deuda pública por más de 13 mil millones de quetzales, que al final fue emitida extemporáneamente y sin el apoyo de los representantes de la Usac y del Congreso de la República. Más evidente aún el reciente Decreto Gubernativo 05-2016 que acordó un sobredimensionado estado de excepción de prevención, que de manera desmedida limitó, entre otros derechos fundamentales, la Libre Emisión del Pensamiento; decisión que le acarrea otro problema procesal al Ejecutivo que una buena asesoría pudo alertarlo.
En la SAT existe una seria amenaza que su unidad élite sea desmantelada, porque la Unidad de Asesoría Técnica del Directorio dejará de tener funciones directas por la vigencia del Decreto Número 37-2016 que reorientó las atribuciones del Directorio, modificó el procedimiento recursivo y creó el Tribunal Administrativo Tributario y Aduanero, aunado a que las autoridades actuales no les pronostican futuro dentro de la institución; por lo que si no quedan seleccionados en la conformación del citado tribunal, todo su valioso conocimiento y su intachable labor administrativa se verá apagada, y podrá ser aprovechada por las oficinas privadas. Por lo que advertimos a las autoridades de la Administración Tributaria que si no valoran el recurso humano técnico que poseen, harán más evidente su debilidad operativa en perjuicio de los ya disminuidos ingresos ordinarios tributarios que siguen disfrazando.
