Lucrecia de Palomo
Todo está cabeza abajo ¿Por dónde empezamos a ordenar? Como sabemos leer, nos enteramos de muchísimas noticias y publicamos en facebook, creemos que estamos informados; por ende tenemos la verdad y no ponemos en duda nada o lo ponemos todo. Creo que somos nosotros parte del desorden y atolladero. ¿Cómo hacer para salir de él? Además de informarnos debemos conocer y cumplir con las leyes. Pero… ¿y si las mismas fueron dictadas por neófitos intereses e inexpertos asesores?
Debemos primero conocer la Constitución (que muchos piden se cambie, pero muchísimos más no la han leído ni la conocen). En ella está plasmada la visión del país y de ahí se deben desprender las otras leyes para que exista coherencia y todos trabajemos por los mismos objetivos. Lamentablemente eso no es así. Vemos leyes y normas emanadas por criterios de funcionarios sin respaldo legal y muchas de las veces, ratificadas por el Congreso. Para explicarme mejor me centraré en uno de los varios de estos casos, existente en el campo de educación, pues es ahí es donde conozco un poco más.
Muchos hablan de calidad educativa. Calidad es un término que inició a utilizarse en la industria y busca lo óptimo del producto que se fabricaba. El resultado de ese proceso de elaboración tiene una relación directa con la materia prima y los elementos que conlleva dicho proceso. En cuanto a educación, por lo complicado del proceso y por ser “la materia prima” un ser humano, juzgar su valor es complicado. Por tanto, lo más sencillo ha sido copiar lo que otros indican es calidad educativa y calcarlo en nuestro sistema, sin tener claro que significa ni cómo medirla y esto ha llevado aberraciones como las que mencionaré.
La Constitución y la Ley de Educación son el norte a seguir, contemplan el qué, cómo y quiénes intervienen y con qué fines. Lamentablemente, en un abuso y desacato a las normas, el Ministerio de Educación (a través del Ministro de turno), ha creado un caos al emitir una serie de normas sin contemplar esa escala jerárquica y la realidad nacional; utilizando para el efecto criterios muy particulares.
La Ley de Educación, Decreto 12-91, ordena elaborar su reglamento en los siguientes 6 meses de la entrada en vigor, lleva 25 años sin ella. Sin tenerlo se ha abusado y contaminado todo el sistema educativo, a tal punto que va como caballo desbocado al despeñadero. Por terquedad, conveniencia o ignorancia, no lo sé, cada ministro se ha hecho el papo de cumplirlo y por tanto solo se apagan los fuegos cuando se producen o se siguen directrices internacionales; por ello el funcionamiento se debilita y el resultado está a la vista de todos.
Esto ocurre con el Acuerdo Gubernativo 52-2015, Reglamento de Colegios Privados, ampliado por el 36-2015 Reglamento del Régimen de Cuotas. Ambos una aberración legal. Técnicamente mal redactados, artículos donde se mezcla una cosa con la otra, incompletos, discriminatorios, etc. Un reglamento que es superior a la ley 12-91 y la Constitución. Lo peor es que está siendo aplicado por las Direcciones Departamentales, sin cumplir con él mismo, ya que allí se indica que se deben utilizar instrumentos que para el efecto emitirá el Ministerio, mismos que no se han elaborado. El desorden radica en que cada Dirección Departamental lo aplica a su antojo y criterio del empleado. Y aun así, en ese desorden general, los funcionarios que ya conocen la situación no la enfrentan, solo entretienen con falsas promesas.
La anarquía y el servilismo que impera en las instituciones nos tienen patas arriba, es necesario poner los pies en la tierra, pero eso solo se logrará si existe la intención de hacerlo y si se cumple la Constitución: los funcionarios y empleados públicos solo pueden hacer lo que la ley les permite y nosotros los ciudadanos lo que no nos está prohibido.
