Hace algunos años, no muchos, el poder en Guatemala era acaparado por sectores que en distintas maneras se habían logrado afianzar como fuerzas influyentes y determinantes para la toma de decisiones políticas, legislativas y judiciales.
Aunque será negado, el sector empresarial organizado era posiblemente el más fuerte de esos grupos porque tenía acceso a quienes controlaban el poder y sus sugerencias eran adoptadas obedientemente en cualquiera de los tres organismos del Estado y hasta en la llamada Corte Celestial.
Posiblemente muy pocas personas podrán imaginar la importancia que para ese estilo de poder tuvo la imputación judicial contra miembros prominentes e importantes de dicha cúpula empresarial, porque creemos que habrá eliminado el interés de muchos de continuar participando de la manera que se hacía en las relaciones con los políticos a partir del financiamiento de las campañas.
Y es que en Guatemala mucho de ese poder con el que pasan leyes, se dictan sentencias, se nombran ministros, se emiten decretos, se impulsan políticas y se toman decisiones ejecutivas, están rodeadas de la influencia del financiamiento de las campañas políticas.
Tal y como se sabe, las campañas se han nutrido principalmente de tres fuentes principales y muy difíciles de diferenciar muchas veces: organizaciones criminales, empresarios emergentes y los “dueños de la finca”.
Y minada la incidencia vía el financiamiento de las campañas, el sector privado organizado debería ser el más interesado en que se reforme y se norme bien el financiamiento electoral y sobre todo, que cambien las reglas del sistema porque habrá todavía algunos a los que no les importará las recientes acciones judiciales y seguirán perdiendo poder. Mediante sus fundaciones y actividades se han ocupado, durante años, en hablar de desarrollo pero no han terminado de entender que mientras sigamos con los mismos vicios del sistema, el desarrollo es solo para unos pocos.
Desde que todo empezó en abril del 2015, no se ha visto a ningún grupo representativo del sector privado hablar del financiamiento electoral, de cómo fortalecer la Contraloría General de Cuentas, del financiamiento al sector justicia, del sistema de compras más allá de la subasta inversa y de la necesidad que seamos un país con más recursos que sirvan para atender las grandes necesidades.
Si el sector empresarial organizado quiere sobrevivir a una crisis que lo ha sacudido por la pérdida de poder político y algunas vinculaciones a miembros sectoriales en casos por mal pago de impuestos y corrupción, tendrán que cambiar sus métodos y debe volcarse para incidir en un cambio de sistema que fortalezca la institucionalidad y eso es lo que les ha faltado.
