Factor Méndez Doninelli
El actual Gobierno oligárquico, militar, religioso, integrado por saltimbanquis, aprendices de dictadores, ineptos, indoctos e improvisados, en apenas ocho meses de su administración, otra vez ha tenido que recular, es decir, dar marcha atrás debido a sus pésimas decisiones. Ahora, tuvieron que dejar sin efecto el decreto 5-2016 que declaraba el estado de Prevención en todo el país y restringía elementales derechos y garantías constitucionales, en abierta violación a derechos humanos y libertades fundamentales, tales como la libertad de expresión y los derechos de manifestación, de reunión, de tránsito y de huelga. El decreto se publicó en el diario oficial y estuvo vigente apenas 24 horas.
La metida de pata de los gobernantes, imponiendo el estado de Prevención y la restricción de garantías constitucionales, provocó el inmediato rechazo de amplios sectores y organizaciones sociales, de prensa, de derechos humanos, académicos y expertos. La institución del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) interpuso un recurso de amparo contra el frustrado decreto, por inconstitucional y pidió que se restituya a la población los derechos y libertades garantizados en la Constitución Política de la República de Guatemala (CPRG). Con ese decreto impopular, los gobernantes desataron una innecesaria tormenta de críticas y de rechazo a tal disposición, en consecuencia siguen acelerando su desgaste político, aumentando su impopularidad y las posibilidades de derrumbe.
El decreto derogado suspendía derechos constitucionales garantizados en los artículos 5, 26, 33, 35, 44 de la CPRG, que se refieren a la libertad de acción y libre locomoción en el territorio, libertad de expresión, información, prensa, derechos de huelga, reunión al aire libre y manifestación. No hay duda, los gobernantes tienen malos asesores o deliberadamente quieren dañar más la imagen del Poder Ejecutivo. ¿Usted qué cree?
Al momento que escribo esta nota se hace pública la decisión gubernamental de decretar el estado de Calamidad pública con duración de treinta días, argumentando la necesidad de prevenir desastres y pérdidas de vidas humanas, debido a la vulnerabilidad que tiene el país, ante las adversas condiciones climáticas y las constantes y copiosas lluvias que en esta época azotan gran parte del territorio nacional, con riesgo de provocar situaciones lamentables. Ahora, la aprobación de este nuevo decreto depende del Congreso Nacional que tiene tres días para resolver.
Mientras tanto, el presidente Jimmy Morales se estrenó en la 71 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que se realiza en la ciudad de New York, Estados Unidos. Durante su discurso, el Gobernante se refirió al vigésimo aniversario de los acuerdos de Paz, a sus propósitos para atender los principales problemas nacionales, para dar cumplimiento a las metas del desarrollo sostenible y resaltó la voluntad política de honrar el respeto a los derechos humanos (¿?), momento que aprovechó para pedir el apoyo de la Asamblea General a la candidatura de Guatemala para integrar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, durante el período 2018-19. Hay que estar atentos, para comprobar que sus acciones de Presidente se correspondan con el discurso, lo digo, porque tal como lo que afirmó en la ONU, más parece una farsa de comediante, porque sus acciones son contradictorias, sobretodo, después de imitar a otro aprendiz de dictador, queriendo restringir derechos y libertades fundamentales de la población al estilo «serranazo.»
