Claudia Escobar. PhD.
claudiaescobarm@alumni.harvard.edu
Ha corrido mucha tinta sobre el caso de corrupción que alcanza a la familia presidencial, aunque de momento no existen datos suficientes para conocer el grado de participación de los familiares del presidente implicados en el caso conocido como “El Registro como botín”. También existen dudas razonables sobre el origen de la fortuna del vicepresidente Cabrera, quien de la noche a la mañana cambió de status económico y además justifica su nepotismo argumentando que su familia necesita trabajo. Estos casos debilitan la credibilidad en la clase política del país, especialmente cuando usaron en su campaña el lema “Ni corrupto, ni ladrón”.
Pero por todos es conocido que en Guatemala el hacer negocios con el gobierno, conlleva implícito una coima para los involucrados; aparentemente los nuevos gobernantes no son la excepción.
Los casos de corrupción que hoy nos asombran y escandalizan, han sucedido siempre en nuestro país, pero han sido cubiertos por el velo de la impunidad o de la indiferencia de la sociedad. Hasta hace poco tiempo los funcionarios corruptos y los corruptores se consideraban intocables. Erradicar esta práctica tan generalizada y hasta hace poco aceptada por los ciudadanos, requiere de un esfuerzo que conlleva entre otras cosas una transformación profunda del quehacer público y esto no sucederá de la noche a la mañana.
Para que la corrupción haya alcanzado los niveles que hoy conocemos es porque tenemos una institucionalidad endémica y sobre todo porque se desconoce lo que implica una verdadera independencia de poderes. La corrupción es un monstruo que no ha permitido que en nuestro país florezca un verdadero Estado de Derecho.
Por eso fue necesario buscar el acompañamiento de la comunidad internacional y del trabajo que realizan las organizaciones internacionales en temas de justicia, como oportunamente lo hizo Guatemala cuando solicitó el apoyo de Naciones Unidas, reconociendo la incapacidad del país de transformar las instituciones encargadas de garantizar paz y justicia a la población.
Gracias al trabajo de diez años desarrollado por el equipo de expertos de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que han apoyado la labor del Ministerio Público en múltiples investigaciones, es hoy posible conocer detalles de casos que tocan las altas esferas en el gobierno y que muchos intuían pero no podían probar.
En la actualidad hay países en distintas partes del mundo: en África, en Asia, entre las antiguas Repúblicas Soviéticas y también en otros estados de nuestro continente, que se enfrentan a situaciones similares a la que vivimos en nuestra sociedad y algunos buscan la manera de luchar contra la plaga de la corrupción.
Debido a los efectos que provoca esa pandemia afecta no solamente al país que la padece, sino también a sus vecinos y a otros estados que tienen relaciones con dicha nación, es que la comunidad internacional busca encontrar mecanismos novedosos para atacar la corrupción; en especial si las instituciones han sido cooptadas por el crimen organizado o debilitadas intencionalmente, como sucede en nuestro país.
Javier Pérez de Cuéllar expresaba hace ya algunos años, que uno de los mayores retos de las Naciones Unidas sería encontrar el balance adecuado entre el respeto a la soberanía y el mantenimiento de la paz y la seguridad del ser humano, ante situaciones desesperadas que surgen.
Guatemala es un modelo a nivel internacional por haber solicitado el apoyo de un organismo internacional con las características de CICIG en el fortalecimiento institucional. Parece que una nueva forma de hacer justicia se está gestando en nuestro país.
