Félix Loarca Guzmán
De conformidad con el artículo 93 de la Constitución Política de Guatemala, “El goce de la salud es un derecho fundamental del ser humano, sin discriminación alguna”. El artículo 94 establece la obligación del Estado sobre salud y asistencia social. En la primera parte, textualmente dice: “El Estado velará por la salud y la asistencia social de todos los habitantes.
En los convenios y declaraciones sobre derechos humanos suscritos y avalados por Guatemala, se consigna que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que lo asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar”.
Desafortunadamente, en la realidad cotidiana estas son disposiciones que no se cumplen. En la sociedad guatemalteca, el derecho a la salud es vulnerado todos los días y a todas horas.
Algunas personas, consideran que el deterioro de los servicios en centros de salud y los hospitales públicos, incluyendo los del régimen de seguridad social, podría ser parte de una maniobra perversa para propiciar la privatización de tales instituciones, que a pesar de sus carencias, son la única esperanza de los habitantes de menores recursos económicos, de acceder a los programas de atención médica.
La privatización no es la mejor solución para los problemas de la salud en Guatemala, porque se violan normas vigentes, en las cuales se consigna que la salud es un derecho humano.
En la actualidad, acceder a los servicios de los hospitales particulares, es algo completamente prohibitivo. En algunos de estos hospitales, exigen depósitos de quince mil quetzales para autorizar el ingreso de un enfermo y el monto diario de los servicios asciende a más de 7 mil quetzales.
El pasado fin de semana, nos enteramos del caso de la hospitalización de un paciente con problemas respiratorios. En las primeras 24 horas, la cuenta había ascendido a casi 10 mil quetzales. Desdichadamente, ninguna autoridad regula los cobros de estos establecimientos, por lo que el tema de la salud, se ha convertido en “un gran negocio” para beneficio de unos cuantos empresarios y no pocos médicos que también reciben su buena tajada del pastel.
Ante esta dura realidad, el pueblo de Guatemala debe cerrar filas en contra de la privatización del IGSS y de todos los servicios de salud del Estado.
