Pedro Pablo Marroquín Pérez
pmarroquin@lahora.com.gt
Siempre he dicho que una de las cosas más difíciles que hay en Guatemala es alcanzar acuerdos, y eso es lo que nos impide avanzar en la construcción de un país más justo, incluyente, generador de oportunidades para los más pobres y en el que el cumplimiento de ley sea el camino que nos guíe al futuro. Y ha sido difícil porque mucha gente quiere que los cambios y las leyes apliquen para todos menos para su círculo.
Y traigo eso a colación porque leyendo ayer la columna de la señora Fanny de Estrada, Directora Ejecutiva de la Agexport, veo que ya se empieza a entender que lo que el país necesita es una reconstrucción total toda vez que lo que se ha venido haciendo, aunque parece ser bueno, termina siendo como darle una aspirina a un enfermo terminal, pretendiendo que ello lo cure, aunque luego al final ella cambie y deje tirada la idea de una absoluta reconstrucción.
A pesar de que estamos de acuerdo en que el sistema en general necesita una reconstrucción, estamos en desacuerdo en el planteamiento vertido, tanto en la columna de ayer como en pasadas, en el sentido que el hecho de que se haga cumplir la ley genera “incertidumbre que es la peor enemiga de la inversión”.
La señora de Estrada habla de las zonas francas, del tipo de cambio, que las reformas a la Ley de Contrataciones paralizan al Estado, que los casos de corrupción matan la ejecución en el Micivi y que se debe recaudar pero que no se espante la inversión.
Podría dedicar esta columna a exponer mis puntos para rebatirle los suyos, pero el país está en una situación que nos demanda que lideremos con el ejemplo y siendo alguien que siempre ha dicho que debemos ser consecuentes con lo que decimos, me quisiera plantear el reto de encontrar qué es lo que nos une y no tanto lo que nos desune.
Claro que Guatemala necesita una reconstrucción y para ello será necesario que todos aprendamos a ser ciudadanos, que dejemos de velar exclusivamente por los intereses gremiales para dar paso a los problemas, carencias y necesidades de las mayorías marginadas. Atendiendo esos problemas, será más fácil resolver las penas gremiales.
Debemos luchar fuerte porque un cumplimiento parejo y estricto de la ley nos nivele el terreno de juego a todos, porque si alguien sabe que la discrecionalidad y la creatividad afectan, siendo además las mejores amigas de la corrupción, es ella y por ende, en lugar de decir que el cumplimiento de la ley aleja la inversión, debemos darnos cuenta que por el contrario eso puede acercar a inversionistas serios que ahuyenten a los piratas.
Sí, se tiene que defender lo que está legal, pero debemos entender que no hay nada de legal cuando se obtuvo una carretera, una licencia, una concesión, una explotación o utilización de un bien público pagando una mordida (aunque haya sido por medio de entidades fuera de plaza y con dinero bancarizado).
Tenemos que entender que los beneficios fiscales que puedan obtener ciertos grupos deben estar sujetos a que podamos medir el impacto que su actividad (libre de impuestos o con menor carga) tiene en la sociedad y en sus habitantes, porque si no es como el regalo que los Colom y Fuentes Knight le hicieron a los señores del Transurbano.
Creo que cada vez es más la gente que tiene más claro el diagnóstico del país, ahora el reto es determinar el mejor tratamiento para combatir un cáncer que nos carcome, y digo que es un reto porque hay quienes dicen que si luchamos contra la corrupción paralizamos el país y eso nos pinta la ruta “del cambio”.
Ojalá en los días futuros seamos muchos los guatemaltecos que sin importar la clase social, el color de nuestra piel, el lenguaje que hablemos, al Dios que alabemos, el gremio al que pertenezcamos y la raza de la que seamos, podamos acordar una cura que obligue a la clase política a ejecutar el cambio por la “vía institucional” y que aleje a los pobres del suelo y los acerque a la clase media.
