Claudia Escobar. PhD.
claudiaescobarm@alumni.harvard.edu
Por diversas razones la mayoría de guatemaltecos han expresado su rechazo a la reforma fiscal propuesta por el presidente Jimmy Morales. Dicha propuesta tiene como fin un aumento en los tributos en rubros específicos, como el impuesto sobre la renta, el impuesto a los combustibles, al cemento y a algunas extracciones mineras.
Recientemente manifesté que en el contexto actual en el que se plantea una reforma tributaria, debe incluirse junto con el aumento de impuestos un aspecto de transparencia de gestión del gasto y de rendición de cuentas. Lamentablemente el ejecutivo presentó una iniciativa de ley que pretende que los guatemaltecos paguen más impuestos, pero no cambia la manera en que los mismos son administrados.
Si bien es cierto para que el Estado funcione adecuadamente se requiere de recursos económicos y de una economía estable que permita generar impuestos, también es indispensable que los contribuyentes tengan confianza en la forma en que dichos recursos serán utilizados.
Durante los últimos gobiernos los escándalos de corrupción han sido una constante, desde la época de Portillo recordamos como él junto a varios de sus ministros se enriquecieron con nuestros impuestos. Luego fueron acusados de corrupción y de enriquecimiento ilícito. Algunos fueron sancionados con penas menores, pero otros (la mayoría) salieron bien librados de los procesos judiciales entablados en su contra.
Además las distintas administraciones públicas han incumplido con las obligaciones mínimas de brindar a los ciudadanos seguridad, justicia, infraestructura adecuada, ni educación y salud para los más necesitados. En otros países en los que se pagan tributos más altos, los ciudadanos tiene acceso a educación pública de calidad, a carreteras y medios de transporte eficientes, la seguridad ciudadana es efectiva y el sistema de justicia goza de credibilidad. Por esto no es de extrañar que los guatemaltecos se resistan a pagar impuestos, pues el gobierno ha fallado en administrar los recursos de manera adecuada y la justicia ha permitido que los funcionarios se enriquezcan con los recursos destinados a la inversión pública.
Las necesidades de la población guatemalteca son múltiples y aunque el gobierno no puede llenar todas esas necesidades, sí debe cumplir con sus obligaciones mínimas, de forma que se genere un ambiente que promueva la inversión y el desarrollo en nuestro país. Por eso es oportuno que en estos momentos se evalué de manera responsable como se puede modificar el régimen tributario de manera integral. No solamente en elevar una carga tributaria, sino también en la forma en que se van a invertir esos recursos y además en la manera en que el gasto se va a transparentar.
Todos los guatemaltecos estamos obligados a contribuir, en la medida de nuestras posibilidades y capacidades, en la construcción de una mejor sociedad. El gobierno por su parte debe promover y garantizar que las reglas sean claras y en el tema de impuestos es indispensable que se respeten principios del derecho tributario como: la legalidad, la igualdad, la economía de la recaudación, la no confiscatoriedad, la capacidad económica y contributiva, la proporcionalidad, la eficacia en la asignación de recursos y sobre todo la transparencia.
