Lucrecia de Palomo
Inició la semana, una más con dolor y luto –como ya es costumbre desde hace varios lustros. Desde muy temprano el domingo se conoció del asesinato del joven Cruz, dentro de los 22 asesinatos de ese día. Estando en un centro de distracción habían sido incomodados por unos hombres que faltaban el respeto a su acompañante, hubo malestar y al parecer reclamos. Fue atalayado por sus agresores armados, al salir la pareja del lugar les dispararon, quitándole la vida a Cruz. Según información periodística, la madre se hizo presente al lugar de los hechos e indicó que dejaba en la orfandad a un pequeño. Ahora es parte de una estadística. Pero el dolor de esa madre, de esos padres es indescriptible, quienes lo han sufrido lo pueden refrendar.
El lunes por la mañana, estando en mi lugar de trabajo recibí una terrible llamada. Me dicen que la hija mayor de una amiga muy querida había sido asesinada; madre de dos mujercitas. La última llamada y noticia que se tuvo de ella fue que recogería a su hija pequeña que estaba en casa de una amiga. Por supuesto, se investiga la hipótesis de la causa del hecho, pero para mientras el dolor de esas pequeñas, de esos padres, hermanas es simplemente inenarrable. Una más para las estadísticas.
El pueblo se desangra, las familias se destruyen por los asesinatos, la justicia pierde toda credibilidad y para mientras el Presidente y su séquito inician las discusiones sobre “el pisto”: los impuestos. Eso es lo urgente. Cada gobierno lo ha hecho, por qué este no lo habría de hacer. Pero hasta el día de hoy, no se ve que esos cambios del sistema económico hayan beneficiado al pueblo cuidándole la vida, pero sí a los funcionarios y empleados públicos, a los contratistas, políticos oportunistas y sindicatos del Estado. Lo que sí se puede observar es esos cambios que se hacen por necesidades específicas de grupos interesados, casi con nombre y apellido de los beneficiados. Con lo delicado de la situación de violencia, hasta la fecha no se ha visto a ninguno de esos mandatarios sentarse a discutir seriamente, con el mismo ahínco, preocupación y ganas de hacer cambios a la seguridad como lo hacen con el dinero.
Ayer mismo se informaba que Guatemala presenta, en el Índice 2016 de Progreso Social, de 133 países, el sexto lugar; el SEXTO. Se registran 34.5 muertes por cada 100 mil habitantes, una de las más altas DEL MUNDO. Para corroborar dichas cifras, según el Inacif en el mes de julio 458 necropsias se efectuaron por asesinatos, lo que nos dice que la violencia es imparable e incontrolable, pero además se indica que la crueldad con que se cometen los crímenes (como los seccionamientos corporales) ha aumentado. Por si estos datos no fueran alarmantes se señala la muerte de 53 niños por balazos en lo que va del 2016. Las cifras son alarmantes y no cesan y la vida de la población importa menos que el pisto para quienes deben velar por ella.
Hasta la saciedad se ha hablado de la necesidad del cumplimiento de la ley. La CICIG –aunque inconstitucional su función– vino a dar un impulso a la consecución de las secuelas de su violación. Es indispensable cumplir con la ley y quien no lo hace debe sufrir el castigo, proporcional al delito, de lo contrario no es eficaz y desmorona el orden social. El Congreso tiene en sus manos restablecer el proceso del indulto y poder aplicar la pena de muerte, que es la consecuencia legal por asesinato. Ojalá que no se siga dilatando, pues cada día que pasa el teléfono seguirá sonando para informar de los asesinos, de la ejecución de alguien cercano y querido. Por la vida de todos, urge la pena de muerte.
