Esa vieja noción de que el fin justifica los medios ha sido siempre pretexto para justificar cualquier tipo de trastada, siempre y cuando el final deje algún beneficio, lo cual hace que se borre todo lo que se pueda haber hecho mal o, por lo menos, se termine aceptando. Ahora ya no se habla de maquiavelismo cuando se plantea esa tesis perversa, sino que se dice con cierto dejo de elegancia que hay que ser pragmático, concepto que se ha desviado para convertirse en una forma de justificar precisamente lo mismo.
Esa ha sido la línea de acción del gobierno de Jimmy Morales, apoyado firmemente por la parte del sector privado que representa su Ministro de Finanzas (quienes consideran una afrenta la aplicación de la ley, sobre todo en el tema fiscal), y tristemente por las entidades a cargo del combate a la corrupción, puesto que fueron la CICIG y el Ministerio Público quienes propusieron al interventor de TCQ que terminó siendo la pieza instrumental perfecta para concretar el mal arreglo que vino a sustituir el buen pleito que era necesario como corolario a un escandaloso caso de corrupción.
Cualquiera se escandalizaría si se propone un arreglo con los pandilleros para que, mediante un resarcimiento al Estado, se les deje seguir operando las redes de extorsión. Es una verdad absoluta que el Estado no puede controlar ese problema y que tampoco tiene capacidad de cuidar a los ciudadanos en los barrios llamados rojos, por lo que alguien podría suponer que si la extorsión se hace a cambio de la supuesta protección que pueden brindar los mareros, vale la pena que pensemos en negociar. Al fin de cuentas, no hay valores que preservar porque ya hemos renunciado expresamente a ellos.
Por ello no sorprende que el Gobierno tenga un operador permanente a cargo de las negociaciones con los diputados del Congreso, otra pandilla, puesto que de manera pragmática se entiende que con ellos se tiene que hablar. No por gusto el oficialismo negoció con los más pícaros diputados, ofreciéndoles que podían poner de rodillas a los gobernadores, puesto que en Guatemala no hay esperanza de que la lucha contra la impunidad realmente avance.
Y no sorprende que no se quiera entrar de lleno en una cruzada contra la corrupción, empezando por mandar a la punta de un cuerno al Contralor de Cuentas, porque aquí todo se transa, todo se negocia, todo tiene un precio. Ya veremos a los diputados votando dócilmente para dar la concesión a APM Terminals, y que la gente ni se pregunte cómo se pusieron de acuerdo tan rápido, como si hubiera sido la Ley Tigo.
El fin justifica los medios.
