Factor Méndez Doninelli
«¿Qué pide usted al Tribunal?: Mi libertad, porque todo lo que se vino a hablar aquí, no es cierto.»
Mynor Manuel López, autoridad ancestral Huehuetenango.
Guatemala, 2016.
En Guatemala el Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo «A», ordenó la inmediata libertad de las siete autoridades comunitarias y ancestrales del norte de Huehuetenango, absueltos de todos los delitos que el Ministerio Público y las empresas Hidro Santa Cruz y Ecoener Hidralia Energía los acusaban. La presidenta del Tribunal, Yassmin Barrios, afirmó que el Ministerio Público MP y las empresas acusadoras no probaron la presunta participación de quienes injustamente fueron privados de su libertad personal por los hechos que se imputaban. Dos juzgadores razonaron su resolución, condenando a Rigoberto Juárez Mateo por coacción y a Ermitaño López Reyes por obstrucción a la acción penal, sin embargo, debido al tiempo que pasaron en prisión, los jueces, Patricia Bustamante y Gerbi Sical, decidieron suspender la pena.
Los siete liberados son: Mynor Manuel López, estuvo preso desde septiembre 2013, en prisión preventiva acusado por la empresa española Ecoener Hidralia Energía. Sotero Adalberto Villatoro, Juan Francisco Pedro y Arturo Pablo, autoridades comunitarias de Barillas, cumplieron 515 días detenidos, acusados por la empresa española Hidro Santa Cruz, por la supuesta «detención» de 11 trabajadores de esta empresa. Ermitaño López Reyes, autoridad comunitaria de Barillas, cumplió 417 días detenido, acusado por 23 trabajadores del Centro de Administración de Justicia CAJ, de Santa Eulalia, Huehuetenango, de presuntamente haberlos «detenido» varias horas adentro del CAJ, durante una audiencia por el caso de las autoridades de Barillas. Rigoberto Juárez Mateo y Domingo Baltazar, autoridades ancestrales del pueblo Q’anjob’al de Santa Eulalia, Huehuetenango, estuvieron detenidos 486 días.
Cada prisionero político habló ante el Tribunal, exigieron su libertad inmediata y que la injusticia que se cometió con ellos, no quede en la impunidad. Recordaron que fueron señalados, estigmatizados y criminalizados por el Estado, los medios de comunicación y las empresas, debido al protagonismo que tienen en la lucha por la defensa del agua, los recursos naturales y por la organización que promueven desde el Gobierno Plurinacional de las naciones Q’anjob’al, Chuj, Akateka, Popti y mestiza del norte de Huehuetenango.
La Juez Yassmin Barrios, aclaró que su divergencia con la resolución de los otros dos juzgadores, es porque no existió ni una sola prueba en contra de ninguna de las siete autoridades comunitarias. Significa que el MP no fue objetivo en la investigación, que está buscando criminalizar las luchas sociales y a las autoridades comunitarias y ancestrales.
La conflictividad social que tiene lugar en el norte de Huehuetenango, es provocada por el funcionamiento de empresas hidroeléctricas que dañan el medio ambiente, acarreando problemas a comunidades de esa región del país, que por tal motivo, se oponen a las operaciones de esas empresas transnacionales. La oposición y resistencia de las comunidades, ha dado lugar a que se criminalicen las luchas sociales, se persiga y judicialice a sus dirigentes.
El resultado de este juicio es emblemático, es un triunfo para los derechos humanos, un mensaje de aliento que fortalece la lucha por la defensa de la vida, del agua, del territorio, de los recursos naturales. Cuando la lucha es justa y legítima, la justicia llega, aunque lenta y a veces tardía, pero llega.
