Jorge Mario Andrino Grotewold.
• @jmag2010
La identificación de los contratos ilegales creados en la Terminal de Contendores Quetzal como un hecho en donde la corrupción tomó el rol protagónico, en lugar del interés económico del Estado, ha permitido ponerle interés repentino a su solución, atendiendo a que nuevas autoridades como la Procuradora General de la Nación y el Interventor designado por el Juez de extinción de dominio, son profesionales reconocidos y gozan de credibilidad ante la sociedad.
Por ello, causa asombro la propuesta realizada recientemente sobre una negociación con la empresa interesada, y que aparenta ser de buena fe. La lógica, el interés y el beneficio para los empresarios y para el país en general es que la Terminal inicie a funcionar para lo que fue pensada, en virtud de la poca capacidad actual de los puertos nacionales, que necesitan esa modernización y que al no contar con ella, requieren alternativas como nuevas terminales, en este caso, concesionadas. Indistintamente si la negociación provino de la empresa internacional y fue recibida por el interventor o fue a la inversa, haberla hecho pública denotó por parte de éste último un claro desconocimiento del derecho administrativo y de las adquisiciones del Estado. No sólo no está en su mandato como administrador (esa es la función de un interventor, administrar en nombre de un tercero, en este caso el Estado) sino que no se presentan públicamente los resultados de su evaluación, la que sin lugar a dudas sería de beneficio para entender una ruta legal a seguir. Resulta incomprensible que la propia PGN esté analizando la propuesta, luego de que existen ya procesos judiciales iniciados para declarar nulo el contrato anterior y que le otorga derechos a la empresa que actualmente aparece como propietaria de los mismos.
La declaratoria de nulidad del contrato ilegal de usufructo no sólo es procedente sino, además, indispensable para transparentar un hecho de corrupción ya investigado. La negociación sobre una indemnización y nuevos contratos con la misma empresa, pareciera legitimar un hecho corrupto, solo porque “no queda de otra”. Y la empresa que cuenta con los derechos actuales, debiera en mecanismos de derecho, allanarse a la pretensión del Estado, aceptando la nulidad del contrato, para luego repetir (demandar) a la empresa española con quien Otto Pérez negoció previamente, para recibir de ellos una indemnización por el engaño. Esto es, por supuesto, si en realidad son una empresa de buena fe, como lo indican. El Estado por su parte, una vez declarado nulo el contrato, debe seguir el proceso de Concesión Pública que obliga a licitar el servicio, siguiendo los procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado, y que no incluye “negociar” con la empresa cuyo contrato se declaró nulo por un tribunal, y que ha sido producto de un acto de corrupción.
Según el interventor, la situación de la Terminal es grave. Los empresarios reclaman con urgencia al Estado una solución que permita el desarrollo económico. Y el país requiere de esa plataforma para mejorar sus índices de competitividad, pero nada de eso puede sacrificarse por el cumplimiento de la ley y la transparencia tan ansiada por la población. Se espera que quienes tienen a su cargo estas decisiones tan importantes lo comprendan y así corten con esa línea de corrupción que aqueja al Estado guatemalteco desde hace mucho tiempo.
