Juan Francisco Reyes López
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Hace 30 años, cuando se convocó a una Asamblea Nacional Constituyente, la mayoría de los hoy ciudadanos guatemaltecos no habían nacido. La Constituyente como poder soberano, una vez electa y después de haber tomado posesión, elaboró el actual texto constitucional que ha estado vigente de forma continua por muchos años más que las anteriores constituciones, salvo la enmienda que le hiciera el Congreso durante el gobierno de Ramiro de León.
Hay quienes, especialmente los que tuvieron el gran honor de haber sido electos constituyentes, no quieren que la Constitución se actualice o modifique de forma alguna.
Sarcásticamente podríamos decir que creen que son descendientes de Moisés, a quien nuestro Señor le entregó los 10 Mandamientos. No comprenden que la Constitución más antigua vigente como la de los Estados Unidos ha sido numerosamente modificada, lo único que se dice es que son enmiendas, no modificaciones, pero en la práctica lo mismo es hacerlo de una forma que de otra.
En Guatemala, especialmente los grupos pensantes, deben comprender que no se debe modificar la Constitución solo en lo que digan los representantes del país del norte, la CICIG o el Ministerio Público, que ahora está de moda.
De hecho, los Acuerdos de Paz establecieron una serie de aspectos que debían ser actualizados y modificados, a los que correctamente se les agregaron otros en el estudio y esfuerzo que hizo el Congreso de la República bajo la Presidencia de Arabela Castro (no bajo el gobierno del FRG como equivocadamente lo dijo en un foro Eduardo Stein).
El costo de la modificación de la Constitución es sumamente oneroso ya que implica, no solo un arduo trabajo del Congreso y de los grupos pensantes sino también una consulta popular, a no ser que se optara por convocar y elegir un nuevo poder constituyente, poder que al igual que el último tendría amplísima y soberanas facultades.
Por cuanto si bien en la Constitución actual, sin que existiera un mandato expreso, se dividió qué artículos podrían modificarse por una constituyente o por el Congreso y una consulta, eso es algo que no se le puede aplicar si se eligiera una nueva constituyente que tendría tanta representatividad como la última, donde de las tres personas que lo presidieran queda viva una.
El actual binomio presidencial aceptó convocar a reuniones de los Presidentes de los tres poderes con algunos agregados de moda para modificar la parte de la Constitución referente a la justicia; sin embargo, Jimmy Morales y Jafeth Cabrera, que fueron una sorpresa en la primera y en la segunda vuelta electoral, y que no se les eligió por ser políticos tradicionales, deben darse cuenta que por esa razón precisamente tienen aún más libertad de sugerir y proponer cambios a cualquier parte de la Constitución.
Insisto, como ya lo he hecho en numerosas oportunidades, porque no se puede poner como una obligación el servicio militar “o” el servicio social, que importante sería especialmente que los jóvenes universitarios, a partir de los 18 años, en las vacaciones fueran a trabajar en las municipalidades desarrollando proyectos en drenajes, en agua potable, en reforestación o en los Centro de Salud y en los hospitales. Esa mano de obra sería sumamente valiosa por su energía, por su entusiasmo y por la experiencia que adquirirían como ciudadanos.
¡Guatemala es primero!
Continuará.
