Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
En manos de un Congreso mañoso el principio de retroactividad de la ley se vuelve un comodín, como se puede ver ahora con la discusión del secreto bancario y con la prevista aprobación para esta tarde de la Ley de Servicio Civil del Congreso de la República, puesto que mientras en el primer caso se quiere esgrimir como instrumento para evitar que se pueda liberar la información bancaria hasta a partir de la vigencia de la ley, en el segundo se incluirá esta tarde una modificación al artículo 100 del proyecto en el que se exonera de cualquier responsabilidad penal a quienes hayan tenido que ver con el tema de las plazas fantasma.
En efecto, está pactado entre diversas bancadas plantear que ante la ausencia de regulación efectiva sobre los puestos y salarios, quedan exentos de responsabilidad penal alguna quienes hayan incurrido en anomalías en el tema del manejo de personal. En este caso la ley no podría tener efecto retroactivo, pero como la Constitución establece que ese efecto sí se aplica cuando beneficia al reo, es decir al responsable del delito, los que están antejuiciados o procesados por el tema de las plazas fantasma se verían liberados de toda responsabilidad penal.
Y todavía hay gente que piensa que el Congreso se ha lavado la cara con la forma en que Taracena manejó los listados de los empleados y por su postura en la cuestión laboral. La verdad es que en el Organismo Legislativo sigue siendo muy grande la chamarra para tapar todos los vicios del presente, del pasado y del futuro. Guatemala no puede cambiar mientras subsista esa actitud de los diputados que, por lo visto, ahora funciona en perfecto contubernio con el Ejecutivo porque todo parece que hay un pacto entre los dos organismos para manejar estos asuntos con el criterio ya referido del principio de retroactividad, en un caso para beneficio de los evasores y en el otro para beneficio de los que han hecho micos y pericos en el Congreso.
Ya lo dijo cínicamente Boussinot, al afirmar que todos los diputados han tenido sus plazas fantasma y que se han beneficiado de la anarquía y el relajo. En esas condiciones, la aprobación mayoritaria de la reforma al artículo 100 de la Ley de Servicio Civil del Congreso es un hecho porque a nadie la interesa que la CICIG pueda seguir indagando sobre el tema que podría llevar a una depuración legal y judicial del Congreso de la República.
Si los ciudadanos nos quedamos de brazos cruzados ante esta perversa maniobra legislativa que está por consagrarse en unas horas, debemos renunciar a cualquier intento de cambiar al país y de heredarles a nuestros hijos y nietos una nación de respeto a la ley y que luche contra la impunidad.
Un Congreso que descaradamente promueve la impunidad en materia fiscal y para proteger a los diputados que se han beneficiado con plazas fantasma es el mejor ejemplo de por qué yo sostengo que aquí no ha cambiado nada y me atrevo a decir que mientras tengamos ese Congreso y esos diputados, seguiremos apuntalando el sistema de la corrupción y la impunidad.
