Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Una de las luchas libradas por las mujeres en el mundo ha sido para lograr que los Estados emitan leyes que les brinden protección especial dada su condición de vulnerabilidad en temas de violencia, y por ello es que varios países tienen leyes que tipifican el delito de feminicidio que en Guatemala nuestro flamante Congreso llamó “femicidio”, término inexistente en nuestro idioma español.
Pero resulta que como en nuestro país tenemos la tendencia a manosear a sabor y antojo las leyes, resulta que esa legislación se ha utilizado mal en distintas circunstancias. El caso más notorio había sido el de Baldetti cuando recurrió a un juzgado para que se le protegiera del “acoso” que significaban las publicaciones denunciando sus actos de corrupción y logró medidas cautelares aun violando la Constitución que establece que no constituye delito la sindicación, señalamiento o ataque que se haga en el ejercicio de la libre expresión del pensamiento a un funcionario público por asuntos relacionados con el ejercicio de su cargo.
Insisto en que el afán de proteger a las mujeres de agresiones violentas ha sido utilizado de mala manera cuando se esgrime como un ladrillo en el muro de la impunidad. Una mujer, por ser mujer, no puede sustraerse a la fiscalización ni puede alegar que está siendo acosada porque un contralor de Cuentas o un periodista trata de obtener datos respecto a negocios que, por ser con el Estado, resultan siendo de interés público y sujetos al escrutinio y fiscalización.
Una publicista recurrió la semana pasada a un Juzgado de Paz para pedir medidas cautelares a su favor para impedir que un reportero del diario elPeriódico pueda intentar obtener una entrevista con ella para abordar el tema de los contratos millonarios que tiene en la Municipalidad de Guatemala. Viviana Quiñónez es la mujer que utiliza la Ley Contra el Feminicidio (uso el término que se debe usar) como un parapeto para ocultar los negocios que hace con el alcalde Álvaro Arzú y eso hace pensar mal, puesto que si no hay nada que esconder y se trata de contratos absolutamente lícitos y transparentes, no habría razón alguna para no ofrecer la información que solicita el medio de comunicación que, en este caso, no está lanzando un ataque anónimo sino que está haciendo señalamientos concretos sustentados por un periodista profesional que recaba la información de la manera más tradicional posible.
Viene de mucho tiempo atrás ese jueguito de andar manoseando las leyes para beneficio personal y, sobre todo, para ocultar negocios turbios. Así fue como se constituyó una sociedad anónima para vender la telefónica, pasando por alto la obligación constitucional de ir al Congreso; por ello es que se crearon los fideicomisos que son una institución del derecho privado que tiene como elemento esencial la libre disposición de los bienes de quien lo constituye, capacidad que no tiene un funcionario público porque no es dueño de los bienes a su cargo. Simulando y manoseando la ley fue como se creó el usufructo de la Terminal de Contenedores para disfrazar una concesión. Y así podemos seguir ad eternum, y casi siempre encontramos a los abogados cercanos a Tu Muni diseñando estrategias como la que ahora se sacan de la manga para impedir una investigación lógica y sensata.
