Pedro Pablo Marroquín Pérez
pmarroquin@lahora.com.gt
A los días de la develación del caso de Cooptación, comenté que habían muchas voces que decían: ¿Qué le falta a Guatemala? Pisto. ¿Qué tienen los que están sindicados? Pisto. Entonces que paguen y que los dejen salir, pero, claro está (dijeron) eso no aplica para Baldetti y los políticos.
Y ahora que va avanzando el proceso para beneficiar a los ingenuos o cómplices de APM por el caso TCQ y la terminal portuaria, haciendo (encima de todo) quedar como víctimas a los mafiosos de TCBarcelona, me doy cuenta que esto será el principio del fin para el caso de Cooptación del Estado y para todo proceso que sea enderezado en contra de ladrones de cuello blanco.
Cuando el Estado de Guatemala, mafiosamente asuma ante APM una situación que es solo responsabilidad de TCBarcelona y cuando les permitan pagar lo que sobornó TCQ, operar el puerto y luego ser resarcidos por la edificación de la terminal si en caso no ganan una eventual concesión, serán colas las que se formarán con todos aquellos sindicados que reclamarán, con razón, que les dejen pagar algo y así poderse ir a sus casas a gozar su dinero en paz.
Y tras permitir los beneficios a APM y TCB, expresa o tácitamente, ¿con qué boca se podrán oponer los investigadores a que los mafiosos se vayan a casita, si están guardando silencio ante las perversas intenciones de Anabella Morfin, apoyadas por el mismo presidente Jimmy Morales?
En este manto de impunidad en que vivimos, los sindicados del caso de Cooptación, por ejemplo,, encontrarán el camino para pagar y salir bien librados de la cárcel. Así como el caso TCQ, encontrarán la “güisachería”, la sala o la corte necesaria para desbaratar todo y quizá, mucho estoy diciendo con que tengan que pagar, porque a lo mejor, sin ni siquiera pagar logran irse a sus casas a gozar de su dinero; si APM y TCB podrán, ¿por qué ellos no?
¿Por qué se les va a tolerar a unos que se salgan con la suya y a otros no? Si tanto hablamos de principio de igualdad procesal, ¿cómo justificarán beneficiar a unos mañosos y a otros no?
Lo insólito es que ya se sabe que viene una retopada en contra de los Casos recientes y aún así, no están midiendo el impacto que tendrá el darle vida a un negocio ilegal y espurio. Si benefician a unos largos, tendrán que beneficiar a todos y quedará para la eterna historia esa paja de “ni corrupto ni ladrón” y todo lo que han dicho y hecho el MP y la CICIG.
Quien fue estafado (APM) y le vendieron un terreno mal habido, no le puede reclamar al dueño cuando éste procure su propiedad de regreso, con todo y lo edificado en ella. Al que se le debe reclamar es al estafador (TCB), pero si el dueño (el Estado) cae de maje a negociar con el “supuesto tercero de buena fe (APM)” que compró sin siquiera investigar en Google, lo que hay es tolerancia y complicidad con la corrupción. Entonces que dejen a Mario Cano quedarse con el edificio de Valser para cobrar sus honorarios.
El Estado de Guatemala no puede andar por un lado queriendo aplicar la Ley y por el otro, ser el gestor y facilitador de un negocio ilegal, espurio y maloliente y si lo hace, el mismo Estado será el más grande facilitador de impunidad en esta nueva y supuesta era del cambio.
