Luis Fernández Molina

Colapso. Me viene a la mente la imagen de un hospital en el momento álgido de una calamidad, ya sea terremoto, epidemia o guerra. Los pacientes hacinándose en los corredores, muchedumbres dolientes afanándose afuera. Una visión apocalíptica en la que el nosocomio literalmente se desploma. Gritos, lamentos, llantos; dolor y sangre. No hay capacidad de atender ni a un diez por ciento de los dolientes. Pues igual está pasando con el sistema de justicia: está colapsado. Sin embargo, en el ejemplo del hospital se justifica que el desastre haya surgido súbitamente. En cambio en el caso de nuestra justicia las circunstancias -irónica y lamentablemente-, han sido “normales”. En efecto, el gobierno de Pérez fue “normal”, el de Colom fue “normal”, el de Berger fue “normal” y así los anteriores. En pocas palabras nos veníamos acomodando a esa normalidad de la que ahora despertamos cual si nos quisiéramos sacudir una horrible pesadilla.

Tribunales. Colapsó la capacidad física de los juzgados; siempre fueron insuficientes y ahora tiene ínfimas posibilidades de brindar espacios dignos para los procesos. La “Sala de Audiencia” de la mayoría de los juzgados penales es del tamaño de una oficina individual; acusadores y defensores, casi se rozan y perciben el aliento teniendo a los jueces a dos metros de distancia. Eso era normal y nos percatamos de ello hasta que surgieron estos asuntos de alto impacto. La torre de Tribunales está saturada. Los ascensores comprimidos. Los demás juzgados esparcidos. Si se juntaran las rentas que el OJ paga a muchísimas personas se podría diseñar una planificación a 20 o más años para la construcción del Centro Administrativo del Estado, en los viejos patios del ferrocarril. Hace falta visión de Estado, buena asesoría financiera y mucha, mucha honradez.

Código. Colapsaron los procedimientos del Código Procesal Penal. Cuando se emitió este cuerpo normativo se proclamaban dos figuras: el monopolio de la acusación por parte del Ministerio Público y el diligenciamiento expedito por medio de audiencias orales. Sin embargo tras casi 25 años se han desnudado sus defectos. Ningún otro Código ha tenido tantas reformas como éste. Originalmente se publicitó como un orden de vanguardia que se inspiraba en el humanismo y de esa cuenta se respetaban los derechos humanos de los procesados. Establece una serie de medidas sustitutivas de manera que la prisión preventiva habría de ser la excepción. Los juicios habrían de ser rápidos para establecer quién era culpable y quien inocente. A los primeros se les habría de aplicar las penas con el rigor del caso pero a partir del momento de su condena; la preventiva no es anticipo de condena. Se hace necesaria una revisión completa para normalizar escenarios como los recientes.

Penitenciario. Colapsó el sistema penitenciario. Al igual que los juzgados ya estaban atiborrados, en condiciones infrahumanas. ¿Readaptación? Ahora, con este despertar del MP y el relajamiento de las virtudes, se agrava esta situación. Cada día ingresan nuevos privados de libertad de todos los estratos. Los brazaletes electrónicos y el monitoreo tienen costo ¡claro está! Pero es mucho menor que el costo de alimentación, seguridad, traslados, etc. de los detenidos. Por no mencionar el costo humano de la degradación en los centros preventivos.

Gabinete en la sombra. En el Reino Unido y otros países de fuerte tradición británica se ha institucionalizado el llamado “gabinete en la sombra” derivado del llamado “Sistema Wetminster” de gobierno; lo integran expertos de la oposición que se reúnen cada semana para enfrentar a cada ministro según la cartera y diseñan la estrategia técnica de la oposición. Es algo diferente.

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