Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Los guatemaltecos tenemos razón para ser desconfiados y dudar de que haya algo que se pueda estar haciendo bien en el país y por ello es que algunos piensan que todo lo que se dice sobre la corrupción y la construcción de sólidos casos para acusar a funcionarios corruptos son una especie de “cortina de humo” para distraer a la ciudadanía de lo esencial, que sería el propósito de Estados Unidos de realizar una nueva intervención como la de 1954, aceptando el argumento de Pérez Molina de que todo lo ocurrido a partir de abril del año pasado es una especie de conspiración para un golpe blando en contra de su gobierno.
Pero el hecho es que la corrupción y la impunidad son los vicios más importantes de nuestro Estado y que para donde uno vuelve la vista se encuentra podredumbre, enriquecimiento ilícito y empobrecimiento del pueblo como resultado de las políticas que se orientan a exprimir el erario y obtener mordidas como factor determinante en todos los negocios públicos.
También hay que decir que, contra lo que se ha manejado en algunos medios, la corrupción no es un mal de los gobiernos de Portillo y de Pérez Molina, sino que es un problema que arranca desde mucho tiempo atrás. En la era democrática empezó a tener sus manifestaciones más importantes con temas como la venta de Aviateca, la creación de la primera empresa de telefonía celular y la acumulación de mayores privilegios al monopolio de la televisión abierta. Ningún gobierno se salva a la hora de hacer un escrutinio de la forma en que se ha gestionado la cosa pública y podemos decir que hemos vivido entre dos corrientes o matices en el tema de la corrupción, puesto que unos han ido salvajemente por el robo descarado de los recursos y otros se han sofisticado para utilizar mecanismos que permiten diluir las huellas, especialmente recurriendo a la utilización de instituciones de derecho privado para evadir controles y fiscalización.
En el gobierno anterior no hicieron distingos y utilizaron las dos corrientes, pero no fue eso lo que exacerbó a la población sino el comportamiento prepotente y abusivo de la Vicepresidenta Baldetti que se ganó el desprecio de la mayoría de la población. Sin embargo, estoy seguro que de no haber mediado el trabajo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad, al que se sumó eficientemente el Ministerio Público, no hubiera ocurrido nada y a estas alturas estaríamos, como siempre, refunfuñando de todo lo que se roban, pero inactivos e impotentes para hacer algo frente al problema.
Ayer decía yo que uno de los grandes riesgos en el horizonte es que el trabajo de investigación realizado sobre la corrupción pueda quedar en nada si los tribunales terminan actuando de conformidad con el pacto de impunidad que dio origen al nombramiento los magistrados que administran la justicia, como ya empiezan a notarse algunos signos. Y en medio de nuestras eternas dudas y desconfianzas se dice ya que a lo mejor las investigaciones no eran tan sólidas, cuando lo que no es sólido es ni el compromiso del sector justicia ni el compromiso ciudadano para hacer suya, con pasión y empeño, la lucha contra la corrupción.
