Francisco Cáceres Barrios
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De esa manera calificó en su portada Diario La Hora del 26 de mayo 2016 el golpe asestado por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala cuando procedió a entablar procesos judiciales en contra de varios diputados y exdiputados, debido a contrataciones de personal irregulares cometidas en el Organismo Legislativo entre los años 2014 y 2015. La noticia nos cayó como agua de mayo, precisamente cuando miles de ciudadanos nos encontrábamos frustrados y decepcionados porque el Congreso, aparte que dejó de ser el que aglutina a los legítimos representantes del pueblo, se convirtió en un sitio en el que no se trabaja en provecho de la población, sino solo para satisfacer los intereses de los diputados, convirtiéndolo en el palacio de la impunidad.
De esa cuenta, merece el calificativo de «monumental» la acción tomada el pasado 26, no solo porque nos devuelve la esperanza de que no todo está perdido en nuestro país, que bien vale la pena seguir luchando para recuperar nuestras instituciones democráticas, como que debiera de servir de base para que de ahora en adelante la consigna fuera seguir apartando a tanto politiquero que se ha venido enquistado en la política guatemalteca causando daños inconmensurables.
Porque el desmadre causado con la corrupción utilizando las nóminas y planillas del Congreso no se mide tan solo en la legalidad de la acción o en el simple conteo de plazas con sus respectivas remuneraciones, hechos que constituyen per se en una legítima estafa, sino debemos percatarnos que los términos de honestidad, capacidad e idoneidad fueron desterrados, como que lo descubierto es tan solo uno de tantos picos de diversos témpanos de hielo que existen en el encrespado mar del descalabro, corrupción e impunidad que ha venido imperando en el país, con mayor certeza en los 30 años precedentes.
Ahora es cuando nuestro respaldo a la Fiscal General y la CICIG no solo debe ser granítico sino que con hechos y no solo con palabras el guatemalteco debiera dejar de lado la pasividad para recuperar los derechos perdidos, empezando porque si equivocadamente el presidente Morales le dio luz verde al mamarracho de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos que hizo el Congreso, ahora le toca a ese organismo responder al clamor popular hasta escuchar totalmente nuestras exigencias. No debemos esperar más, hemos perdido demasiado tiempo. Debiéramos asegurarnos para que no regresen a ocupar sus curules los ahora procesados y hay que aprovechar la valiosa oportunidad que se nos presenta para recuperar nuestras conquistas. ¿O usted ciudadano, estaría dispuesto a concurrir a las urnas otra vez con las mismas normas que prevalecieron en las últimas elecciones?
