La Corte Suprema de Justicia tendrá que definir el futuro de los diputados a quienes se ha planteado solicitud de levantar el derecho de antejuicio por el caso de las plazas fantasma del Congreso de la República, sabiendo la sociedad entera que son esos magistrados de la CSJ y los de las salas a quienes los cuestionados han colocado en los puestos desde donde resuelven y fallan en cada uno de los casos que alcanza su judicatura.
Para nadie es un secreto que los acuerdos para integración de las cortes ha sido una de las tareas principales de los cuerpos paralelos de poder porque son una pieza fundamental en la construcción del muro de impunidad con el que se evita la persecución penal por actos de corrupción que se reflejan en todos los organismos del Estado y en la práctica privada.
Se tiene en la lista de los antejuiciados a personajes que han sido los operadores durante las pasadas 3 integraciones de CSJ, al abogado personal de Colom-Torres y padre de la Directora del Archivo General de Protocolos, al hermano del conocido “Rey del Tenis”, al cuñado de un magistrado de sala y, en fin, a todos los que saben cómo es que se parte la vaca en esas esferas de secuestrar la institucionalidad para poder mantener el poder real sin importar quienes viven en la pobreza, el abandono y el subdesarrollo porque en Guatemala alcanza la plata para robar, pero nunca para resolver las inmensas carencias de nuestra gente.
Le tocará a la pandilla de doña Blanca Stalling, siempre electa en el Congreso como cabeza de la Defensa Pública Penal y posteriormente como magistrada, decidir el futuro de los jefes que les dieron el puesto para integrar la Corte Suprema de Justicia.
La única forma en que estos no se puedan atrever a hacer una barrabasada a favor de sus patrones es que sientan la presión popular que les haga saber que estamos viéndolos, que sabemos que un juicio de magistrados sobre diputados es como gitanos que se leen las cartas y que ya no estamos dispuestos a aceptar una sola más de sus travesuras.
Si la ciudadanía no lo deja claro, lo que podría suceder es que los que se están viendo afectados por el trabajo de la CICIG y el MP vean el momento adecuado de hacer el último esfuerzo, con fuerza, para mandar al carajo un caso armado con detalle y contundencia. Si estamos orgullosos del avance de la justicia, apoyemos a Velásquez y a Aldana no dejando que los magistrados les cumplan a sus jefes sino que le cumplan a la justicia.
