Isabel Pinillos
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Se anuncia la llegada a Guatemala de una ola masiva de deportaciones desde Estados Unidos, de niños y grupos familiares quienes, después de 18 meses tortuosos de haber atravesado por México, hacinados en albergues, y procesos judiciales finalmente retornan a su país sin dinero y con una gigantesca carga emocional y psicológica. Muchos chicos vendrán engrilletados como criminales, pues luego de ser los protagonistas de la crisis de los menores no acompañados en 2014, han cumplido la mayoría de edad y ahora deberán enfrentar nuevamente la realidad en el mismo lugar donde todo empezó, quebrados y con el alma rota.
Duele imaginar las secuelas internas y sociales que esto significará para estos jóvenes y saber si lograrán levantarse para ser parte de la construcción de sus comunidades o si por el contrario, están en riesgo de sobrevivir al margen de la ley, acogidos por una estructura que cumpla las veces de familia que, por culpa de una frontera, no lograron encontrar.
Estas deportaciones inminentes fueron anunciadas y cantadas desde hace meses por nuestro vecino del norte. Son producto de un plan estratégico concebido meses atrás. Las 55 Cortes de inmigración han emitido 10,142 órdenes de deportación de centroamericanos. Es inaceptable que después de que no haya habido programas consulares para darles acompañamiento legal durante todo este tiempo, ahora tampoco se conozca de ningún plan por parte del gobierno para darle una recepción digna a miles de guatemaltecos que vendrá con la cabeza agachada.
Estas cifras se sumarían a los deportados que ingresan diariamente a la Fuerza Aérea. En una bolsa plástica color naranja, todas sus pertenencias, quizás una biblia o una foto desteñida. Son recibidos con una plática burocrática que en cuarenta minutos les informa del desenlace de su destino. Aunque algunas instituciones designan personal para atender el día del retorno, luego son despachados sin más trámite en un bus a sus departamentos, sin nunca saber más de ellos.
En esta ocasión cabe preguntarse por la gran ausencia que ha tenido la Procuraduría General de la Nación, como “representante de los ausentes, menores e incapaces” dentro de este drama humano del que nadie se hace responsable. Claramente, enviar a un delegado a la Fuerza Aérea el día que retorna un menor, no es suficiente. Dentro de sus atribuciones institucionales está “la planificación y seguimiento a las acciones de búsqueda localización, resguardo y seguimiento del niño, niña o adolescente desaparecido o sustraído.” Ni en la PGN saliente, ni en los períodos anteriores, los menores migrantes han sido parte de su agenda.
La política exterior de Estados Unidos ha sido muy clara: “ya no vengan más, si vienen no pasarán”. Guatemala, como buen socio, ha correspondido para promover que la gente se quede. Pero en todo este drama no se debe olvidar a quienes sí emigran y que envueltos por estas políticas son desechados aquí y allá. Pareciera que no existe interés por atender a estos grupos, y como si fuera un desastre natural no anunciado, se apagarán fuegos con discursos cajoneros, a costa de estos niños y niñas que la vida no les ha dado una justa oportunidad.
Ahora que la PGN se encuentra acéfala, no es momento de nombrar amistades que sean complacientes al poder presidencial. Se necesita un Procurador que cumpla su papel independiente del Ejecutivo, que entre otras necesidades, entienda la problemática de los ausentes y los proteja, que fiscalice el funcionamiento de las demás entidades del Estado que han incumplido sus mandatos, y que como buen abogado del Estado, vele por estos niños a quienes su representado ha ignorado por demasiado tiempo.
