Eduardo Blandón
Una de las tareas pendientes, una de tantas, por parte de los que han hecho gobierno en las últimas décadas en Guatemala, consiste en el mejoramiento de las condiciones sociales y políticas para evitar la migración de los ciudadanos hacia otros países, especialmente hacia los Estados Unidos. Han sido pocas las políticas migratorias y escasas las iniciativas emprendidas para atenuar el fenómeno y proteger, en todo caso, a los que se ven obligados a partir.
Como se sabe, los migrantes abandonan el país a causa de las condiciones de pobreza y falta de oportunidades en sus comunidades. Asfixiados por las deudas y frustrados al no encontrar espacios en el reducido mundo laboral, deciden emprender la marcha, dejando todo, arriesgando su vida y probando fortuna en lugares adversos. El horizonte incierto, no les impide tomar riesgos.
Algunos parten por razones de seguridad. Acosados por las extorsiones, expuestos los niños y jóvenes a lugares inicuos y contaminados, los adultos deciden, con el dolor de su alma, partir en busca de mejores oportunidades. Intentan en los Estados Unidos recomponer sus vidas para ofrecer nuevas opciones a su familia. No les asustan los fantasmas evocados por los deportados ni el infortunio de las noticias que leen en los periódicos. Puede más la desesperación en ellos.
Así las cosas, el gobierno tiene la obligación de atender las causas de la migración para cubrir las necesidades de la población. Las comunidades no deben sentirse desamparadas, mientras el gobierno invierte en ellas y provee seguridad y mejores oportunidades laborales. Los niños y jóvenes deben encontrar tranquilidad en sus barrios, escuelas en sus comunidades y un ambiente propicio para el crecimiento sano y de calidad.
Igualmente, en el peor de los casos, deben gestionar los políticos conversaciones amigables con los demás Estados para crear condiciones que protejan a la población migrante vulnerable. Ser más delicados y sensibles a las preocupaciones existenciales de una gente expuesta a las peores calamidades. Mientras el gobierno no lo haga, estará en deuda con el país y estará condenando a una población urgida de asistencia y consideración.
