Pedro Pablo Marroquín Pérez
pmarroquin@lahora.com.gt
Ya hemos dicho en reiteradas ocasiones que aquí en La Hora no tenemos nada en contra de que como país nos modernicemos o de que tengamos un mejor puerto; simple y sencillamente hemos fijado postura en contra de que ese “progreso” pase por ilegalidades, corrupción y tráfico de influencias.
Con todo respeto y sabiendo cómo funciona ese mundo de los negocios, y de los trabajos que como abogados debemos realizar cuando un cliente nos pide una auditoria o un “due diligence”, dije en mi columna pasada que me parecía muy raro que APM no se hubiera percatado de que sobre la operación de Guatemala existía una gran nube negra que no pasaba desapercibida en el radar.
En diferentes círculos en donde se me pidió mi opinión dije, además, que al presidente Morales, su Ministro de Finanzas y su Comisionado de Puertos y Aeropuertos lo estaban metiendo en camisa de once varas, porque ambos, sin ser abogados y siendo proclives a que el país se desarrolle “sin importar los medios”, estaban mordiendo el anzuelo inicial de APM.
Ese anzuelo consistía en meter a Guatemala en un juego por medio del cual ellos luego, si tuvieran un título, una razón para demandar al Estado; digo si tuvieran, porque hoy, ahora que usted lee estas líneas APM no tiene título para demandar al país y su única alternativa es caerle encima a TCB quien los engañó.
Para que mordiéramos el anzuelo, nos quisieron asustar con la patraña de que Guatemala nunca ha ganado un arbitraje internacional (por cierto, el contrato tiene cláusula arbitral para llevarlo en Guatemala) y vale la pena aclarar que no hay título para que nos demanden, pero como uno no puede detener las acciones judiciales que quieran enderezar, que venga el juicio porque sería la primera vez que nosotros entramos a una disputa con el apoyo de un proceso legal que probará el origen ilícito y espurio del negocio de TCQ.
Como a la fecha no han logrado el objetivo de embaucar a Guatemala en algo que es problema de TCB, ayer en un momento de lucidez, ya lo dijo la señora Susanne Marston, “vamos a averiguar qué compramos” y que buscarán deducir responsabilidades de los vendedores. Está bueno que así lo exprese, porque eso es lo que toca; no querría estar en sus zapatos o en los de los abogados que les dijeron que aquí no había de que preocuparse, a pesar que en agosto de 2015 la PGN emitió el primer dictamen donde recomendaba la nulidad del contrato.
Insisto que hay formas legales por medio de las cuales el puerto puede operar, pero intervenido, y si tanto quieren ayudar al Presidente, que mejor le digan cómo y lo apoyen para que se pueda enfrentar a las mafias paralelas y cuerpos clandestinos que operan en las aduanas (entre ellos los sindicatos) y que son de un pedigrí diferente al de los españoles, pero igual de mafiosos.
Sí quiero un país más moderno, sí quiero un país en donde la gente sea el centro de todo, sí quiero un país en donde los que tenemos oportunidades dejemos de ser privilegiados en el reino de la pobreza, pero todo este proceso tiene que ser producto de que actuemos correctamente cuidando las formas para alcanzar los fines.
